Israel Rodríguez/La Jornada
Ciudad de México. Un cuarto de siglo después de iniciado el rescate bancario, la deuda generada por esa decisión, tomada por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, sobrepasa la estimación original y va en aumento, de acuerdo con información oficial.
Al concluir septiembre pasado la deuda por ese rescate creció 97 millones 500 mil pesos diarios, al pasar de un billón 32 mil 236 millones, alcanzados en diciembre de 2018, a un billón 58 mil 567 millones, aumento de 26 mil 331 millones entre diciembre de 2018 y el noveno mes de 2019, revelan informes del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Así, la deuda bancaria, lejos de bajar, se incrementó en los últimos nueves meses 1.25 por ciento en términos reales, es decir, descontando los efectos inflacionarios.
El monto total de esa deuda, a cargo de los contribuyentes mexicanos, es cercano a los ingresos tributarios captados por los impuestos al valor agregado, sobre producción y servicios y a gasolinas y diésel obtenidos entre enero y septiembre pasados, periodo en el que ascendieron a un billón 144 mil millones de pesos.
La deuda bancaria es resultado, primero, de la intervención y saneamiento. Después, del programa de capitalización y compra de cartera implementado entre 1996 y 1997 por el extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), ahora IPAB, el cual compró a los bancos créditos incobrables que se tradujeron en un fuerte incremento del costo fiscal del rescate y, en cambio, redujeron las pérdidas de bancos, accionistas o grandes deudores, que los transfirieron al Fobaproa.
El rescate bancario inició en noviembre de 1994, con el salvamento de los entonces bancos Cremi y Unión –en las postrimerías del gobierno del ex presidente Carlos Salinas–, y se profundizó a partir de la devaluación del peso, en diciembre de ese mismo año. En ese tiempo se aseguró que iba a ser pagado en no más de 20 años.
Aumenta pago de intereses
En el periodo enero-septiembre de 2019 se destinaron, sólo a intereses, comisiones y gastos, 45 mil 371.7 millones de pesos, aumento de 14.6 por ciento respecto de los 38 mil 168.5 millones cubiertos en el mismo lapso de 2018.
Los gastos de operación y administración del IPAB se elevaron 152.22 por ciento en términos reales en los pasados nueve meses, al pasar de 91 millones en diciembre de 2018 a 231 millones de pesos a septiembre anterior.
El IPAB tiene como misión garantizar, a través de un seguro, ahorros bancarios hasta por 400 mil unidades de inversión, equivalentes a unos 2 millones 528 mil 884.80 pesos.
Este seguro para los ahorradores se nutre de las cuotas que todas las instituciones bancarias aportan al IPAB. Durante el tercer trimestre de 2019 se recibieron 6 mil 176 millones de pesos por ese concepto.
De este total, 75 por ciento se destina a obligaciones financieras derivadas del Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca y el 25 por ciento restante, después de cubrir gastos de operación y administración, al Fobaproa.
Al cierre del tercer trimestre de 2019 el plazo promedio de los pasivos o deuda del instituto, medido a través de las emisiones de mercado, fue de 2.63 años, dato 0.03 años mayor al observado al término del tercer trimestre de 2018.
Para el cuarto trimestre de 2019 el IPAB colocará entre inversionistas institucionales, como grandes tesorerías de bancos, casas de bolsa, aseguradoras y empresas, bonos por 55 mil 900 millones de pesos, periodo durante el cual el IPAB enfrentará vencimientos por 59 mil 300 millones de pesos.
