En las elecciones de 2021 en Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana desahogó 552 procedimientos, de los cuales 26 fueron por Violencia Política contra mujeres en Razón de Género y tramitó 563 medios de impugnación
Tras subrayar que en México se cuenta con un modelo electoral judicializado, el Consejero Presidente del IEPC Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, señaló que la cantidad de procedimientos sancionadores es excesiva y se vuelve todo un reto hacer materialmente posible su desahogo.
“Tan solo en las elecciones de 2021 en la entidad, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana desahogó 552 procedimientos, de los cuales 26 fueron por Violencia Política contra mujeres en Razón de Género y tramitó 563 medios de impugnación”. enfatizó.
Al participar en la presentación del libro “Derecho Administrativo Sancionador, algunas miradas desde sus principios”, comentó que hoy en día, México cuenta con uno de los modelos electorales más sobre-regulados del mundo y que esta situación es eminentemente administrativa.
“La contienda político-electoral no podría sobre-regularse desde el enfoque penal porque se pondría en riesgo el contexto de libertades en el que las elecciones tienen que desarrollarse y de ahí la pertinencia de los procedimientos administrativos sancionadores en la materia”, explicó.
En su oportunidad, Roselia Bustillo Marín, Secretaría de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), explicó que el Procedimiento Especial Sancionador (PES) surgió con la característica de ser expedito buscando equidad en áreas como en tiempos de radio y tv.
“El PES evolucionó y se transformó para prever la reparación de daños. En la actualidad, también sirve para atajar y sancionar casos relacionados con el interés superior de la niñez, y de violencia política contra la mujer en razón de género. La modificación al PES no solo ha sido en términos administrativos, sino en la tutela de los Derechos Humanos”, refirió.
A su vez, el catedrático e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Roldán Xopa, expresó que en Derecho Electoral, debería revisarse si a través de la sanción administrativa se garantiza la finalidad de la sanción y todo lo que tiene que ver con la democracia.
“Lo que nos interesa es saber si el Derecho Electoral está cumpliendo con el contexto de la democracia y la vida de una comunidad política; en pocas palabras, saber si la democracia está dando resultados”, detalló.
