Excelsior
Casi dos años después de llegar extraditado a Nueva York, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández se sentará a partir de este lunes en el banquillo de la justicia estadunidense que lo acusa de narcotráfico, tráfico, y posesión de armas, cargos que podrían suponerle cadena perpetua.
Hernández, de 55 años, quien hasta ahora ha clamado su inocencia, será juzgado en solitario en el tribunal federal sur de Manhattan después de que dos coacusados, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos «Tigre» Bonilla y el expolicía Mauricio Hernández se declararon en los últimos días culpables de narcotráfico.
La fiscalía estadunidense acusa a Hernández, cuyo mandato se extendió de 2014 a 2022, de participar y proteger a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. A cambio, habría recibido «millones de dólares» de los cárteles de la droga, entre ellos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
El dinero de la droga le sirvió para enriquecerse y «financiar su campaña política y cometer fraude electoral» en los comicios presidenciales de 2013 y 2017, asegura la acusación. De ser hallado culpable de los tres cargos que le imputa la fiscalía, podría ser condenado a cadena perpetua más 30 años, como su hermano Tony Hernández y su colaborador Geovanny Fuentes, quienes participaron en la misma red.
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), JOH, acrónimo de su nombre con el que es conocido en Honduras, llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la incautación de drogas y en la lucha contra el crimen organizado.
«Detenía a personas que no tenían vínculos con él, pero protegía a otras», afirma el exagente de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, Mikel Vigil.
El año pasado, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad y el funcionario de mayor rango mexicano en sentarse en un banquillo en Estados Unidos, fue declarado culpable de narcotráfico, entre otros cargos, por un tribunal neoyorquino. El próximo 1 de marzo está previsto el anuncio de su condena. Implacables, las autoridades pretenden «desbaratar todo el ecosistema de las redes de tráfico de droga que dañan a los estadunidenses».
Aplazado en tres ocasiones, el juicio empieza el lunes con la selección de los miembros del jurado que sellarán la suerte de JOH, en un juicio que genera gran expectación en su país y entre la comunidad hondureña neoyorquina, que cuenta con un grupo de activos detractores del exmandatario.
El abogado Renato Stabile, que se incorporó a la defensa de Hernández hace dos semanas para ayudar al titular Raymond Colon, con problemas de salud, pidió esta semana al juez un nuevo aplazamiento alegando falta de tiempo para estudiar el voluminoso material inculpatorio. También solicitó la selección del jurado a través de un cuestionario para garantizar la imparcialidad. El juez instructor Kevin Castel denegó el jueves ambos pedidos.
Detenido en el Centro Metropolitano de Brooklyn, la defensa ha deplorado las condiciones de detención del expresidente, que asistirá al juicio vestido de traje y corbata. Despojados de visado, ni su esposa ni sus hijos podrán arroparlo en la sala del tribunal del sur de Manhattan.
«Nadie está por encima de la ley», Josette Altmann, secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en Costa Rica, que cree que este caso puede ser un «recordatorio para líderes de todo el espectro geopolítico» de las repercusiones legales pero sobre todo de «reputación» que «conlleva la participación en conductas indebidas».
JOH también tiene pendiente otro juicio en Honduras por fraude y lavado de activos. Desde 2014, Honduras ha extraditado a Estados Unidos a 38 personas acusadas de narcotráfico, donde ya han sido condenados además de Tony Hernandez y Geovanny Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), a 24 años de cárcel, y el exdiputado Fredy Renán Nájera, a 30 años.
De ser habllado culpable, Hernández seguiría la estela de otros exmandatarios latinoamericanos condenados en Estados Unidos como el panameño Antonio Manuel Noriega, en 1992, y el guatemalteco Alfonso Portillo, en 2014.
