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El presidente Javier Milei enfrentará este miércoles una huelga general convocada por la mayor central sindical de Argentina, en el primer gran desafío a las reformas económicas que emprendió desde que llegó al poder hace un mes y medio.
La Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación peronista, rechaza en particular los cambios por decreto del régimen laboral que impulsa Milei, que limitan el derecho de huelga y afectan la financiación de los sindicatos.
“Ningún gremio está en posición de ceder ni un centímetro de lo logrado”, advirtió Facundo Moyano, cosecretario general de la CGT, que rechaza también la llamada “Ley Ómnibus” de reducción de gastos y desregulación de la economía que trata el Congreso, donde el oficialismo está en minoría.
También adhirió a la convocatoria la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), segunda central sindical, así como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Organizaciones ciudadanas y sindicales internacionales llamaron a movilizarse a favor de los manifestantes en Argentina y se esperan actos en Montevideo, Madrid, Londres, Berlín y París, entre otras ciudades.
Drásticas medidas en materia económica
Al poco de asumir el poder, Javier Milei anunció medidas de emergencia económica, entre ellas:
Una devaluación brutal del peso
Recorte en los subsidios a la energía y el transporte
Poco después propuso dos instrumentos de drástico recorte y ambiciosa reformulación de la estructuras del Estado: El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que contiene más de 300 medidas para desregular la economía, y la “LEY Omnibus’’, un paquete con cientos de cambios en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral que incluye, por ejemplo, la venta de las empresas estatales.
Primer desafío
Será la primera manifestación de alcance nacional contra el gobierno y sus ‘draconiananas’ medidas de ajuste con las que busca contener una inflación anual de 211%, récord en 30 años.
En diciembre, en términos interanuales, el consumo se contrajo 13,7% y la producción de las pequeñas industrias cayó 26.9%, según la cámara empresaria CAME.
Además, la devaluación del 50% y la liberación del precio de los combustibles, entre otras decisiones de Milei, recortaron fuertemente el poder adquisitivo de asalariados y jubilados, y el descontento se trasladó directamente a las calles.
Este martes, un centenar de personas se manifestaban -una vez más- llevando ollas vacías frente a la residencia presidencial de Olivos, en el norte de Buenos Aires, como un preludio de lo que será el día después.
Amaga a trabajadores
El gobierno afirmó que descontará el día a los trabajadores estatales que se unan al paro. “Quien no trabaja, es razonable que no cobre”, afirmó el vocero Manuel Adorni.
El Ejecutivo también abrió una línea telefónica “gratuita y anónima” para “todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados u obligados a parar” por sus sindicatos. En Argentina, uno de cada cuatro trabajadores está sindicalizado.
La práctica fue estrenada en diciembre, ante incipientes protestas contra el gobierno. En las estaciones de trenes suburbanos se difundieron todo el día mensajes invitando a denunciar presiones para sumarse a marchas y actos, un recurso tachado de “orwelliano” por los opositores.
Desde su creación, la línea recibió 53 mil 300 llamadas con denuncias y para esta primera huelga nacional otras tres, afirmó el martes Adorni, aunque el gobierno nunca entregó el detalle a la justicia.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que puso a prueba en diciembre su llamado “protocolo anti-piquete” o contra los cortes de rutas, reiteró antes de la huelga de la CGT que el mecanismo de control de multitudes “está vigente”.
Entre otras cosas, este protocolo impide cerrar calles y exige a los manifestantes que se limiten a reunirse en aceras y plazas.
“¿Quiere que lleve 40 mil camioneros a upa ( cargados) o en fila india?”, desafió Moyano, e hizo responsable a la ministra de cualquier inconveniente.
Servicios esenciales
El mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos dictado por Milei apenas asumió, introduce varios cambios de fondo en la antigua y consolidada legislación laboral argentina, en particular sobre el ejercicio del derecho a huelga.
Milei exige coberturas mínimas de 75% en servicios esenciales como educación, transporte y alimentación, entre otros, e impulsa despidos con causa a huelguistas.
