Sin Embargo
El día de ayer, 16 de junio, el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza aprobó por unanimidad el texto de la pregunta para la consulta que se realizará en Jalisco sobre el pacto fiscal, con la que los ciudadanos sólo opinarán si están o no de acuerdo con la reforma, pues la decisión de que Jalisco se quede o salga competirá a la diputación local.
Ciudad de México, 17 de junio .– El Gobierno de Jalisco dará más de tres millones de pesos a una organización presidida por el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, para recibir asesoría sobre su proyecto de “refundación”, la “posición del estado de Jalisco en el ejercicio de su soberanía originaria frente a otras autoridades” y el pacto fiscal.
De acuerdo con la periodista Sonia Serrano Íñiguez, de El Diario NTR Guadalajara, las autoridades jaliscienses contrataron al Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho debido a que “cuenta con el capital humano y la experiencia en las diferentes ramas del derecho que son necesarias para atender los requerimientos que el proyecto de refundación del estado conlleva”. El Gobierno de Enrique Alfaro defendió que la organización también “cuenta los profesionistas con conocimientos técnicos jurídicos idóneos” por la que requirieron la asesoría.
El medio local reveló que el contrato se firmó desde el pasado 30 de marzo por el director general de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, Luis Arturo López Sahagún, quien fungió como representante del Gobierno de Jalisco, mientras que por parte de la asociación firmó Gabino González Santos.
La propia administración estatal reveló que la solicitud de la adjudicación directa fue hecha el 24 de marzo por el director de Servicios Generales de la Oficialía Mayor, César Damián Macías Chávez, y por el oficial mayor, Carlos Mercado Tinoco, ambos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG). Sin embargo, en dichos documentos no se incluyó aquellos en los que se justifique la solicitud.
Fue hasta la resolución del proceso, con fecha del 29 de marzo, que se expuso el por qué de la adjudicación directa, según la reportera Serrano Íñiguez.
“El instituto cuenta con el capital humano y la experiencia en las diferentes ramas del derecho que son necesarias para atender los requerimientos que el proyecto de refundación del estado conlleva, así como con los profesionistas con conocimientos técnicos jurídicos idóneos para la asesoría requerida”, se precisó en el documento.
De acuerdo con la precisiones del contrato, la asociación civil prestará los servicios de “asesoría, servicio de asesoría integral, que comprende la prevención y revisión litigiosa de iniciativas y proyectos de ley, el análisis sobre la posición del estado de Jalisco en el ejercicio de su soberanía originaria frente a otras autoridades para garantizar asesoría y apoyo en todas las etapas que implicará el proyecto de refundación del análisis y propuesta sobre la línea de transformación del Gobierno del estado”.
El Diario NTR Guadalajara recalcó que el pagó por dichos servicios será de tres millones 74 mil pesos, los cuales se pagarán en tres partes. El primero de éstos se dará cuando se entreguen los papeles en los que se establecerán “las circunstancias del estado para mantenerse en él (no se explica), recuperando condiciones de reparto más equitativas, sin dejar de tomar en cuenta el elemento compensatorio, que se considere de nuevo el componente federal como eje fundamental del sistema”.
En esta primera entrega, el Gobierno jalisciense también espera que concreten de “manera programática” las condiciones para el estado desarrolle su propio sistema tributario y que con ello se refuercen “las capacidades recaudatorias y de fiscalización del Gobierno del estado y de los municipios, así como de elementos normativos para establecer una coordinación con los gobiernos municipales hacia el futuro”.
La segunda parte del informe, como lo reportó Sonia Serrano, debe entregarse a más tardar el 31 de agosto de este 2021, y se conformará con las acciones y políticas en materia de desarrollo económico sostenible “con especial énfasis en materia energética de medio ambiente para colocar al estado en vanguardia competitiva”.
Finalmente, la última entrega del reporte, con el cual también se liquidaría la deuda con el Instituto presidido por José Ramón Cossío, será un informe de seguimiento a los “casos litigiosos” iniciados el año pasado por la administración estatal, tras la presentación de las controversias constitucionales 99/2020 y 188/2020.
Cabe recordar que la primera de éstas se interpuso por estar en contra de la política energética federal y la segunda por la eliminación de fideicomisos públicos.
La controversia 188/2020 fue rechazada en diciembre por la SCJN, pero se presentó un recurso de reclamación.
En abril de 2020, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respaldó la propuesta de los empresarios de su entidad para que el Gobierno federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, convocara a una Convención Nacional Hacendaria para revisar y actualizar el pacto fiscal.
Alfaro refirió sentirse orgulloso de ser mexicano y de ser parte de una República pero que no pueden seguir los abusos, es por ello que respalda la propuesta del sector empresarial de revisar el pacto fiscal pues, de lo contrario, los estados que más aportan a la economía del país tomarán “una decisión en ese sentido”, advirtió.
“Yo estoy a favor de que se revise el pacto fiscal, pero si no hay voluntad de la Federación, pues ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, que estamos generando riqueza, empleos, trabajo y oportunidades para la gente”, apuntó.
¿QUIÉN ES JOSÉ RAMÓN COSSÍO? ¿DE QUÉ SE LE ACUSA?
El pasado 15 de marzo, el Presidente López Obrador exhibió al Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz como ejemplo de lo que considera los excesos que los jueces cometen a contrapelo de la justicia en México.
El mandatario, quien desde una semana antes mantuvo una polémica con los juzgadores mexicanos, luego de que el Juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgara una suspensión provisional a un particular y resolviera ampliarlo a todos los que se oponen a la “Ley Eléctrica”, aprobada por el Poder Legislativo, expuso que durante su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Cossío Díaz votó en contra de los intereses de los más débiles para favorecer a un puñado de privilegiados.
En su conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal enlistó algunos de los casos más polémicos del juzgador durante su paso como Magistrado del Tribunal más alto del país, que fue del 1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2018. Cossío fue nominado por el entonces Presidente Vicente Fox Quesada y ratificado por el Senado de la República, que hace ya casi 23 años tenía una mayoría panista y priista.
Esos casos, difundidos ya a detalle, por la Presidencia de México son seis y se registraron entre 2006 y 2018.
