A las trabajadoras y alumnas se les pide mantener en secreto lo que ocurra con el proceso interno de investigación, bajo amenaza de ser expulsadas o despedidas.
Cortesía
Itxaro Arteta
Si una alumna o trabajadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) quiere denunciar formalmente en la institución que fue víctima de acoso o abuso sexual por otro miembro de la comunidad escolar, tiene que comprometerse por escrito a mantener en secreto lo que ocurra con el proceso interno de investigación, bajo amenaza de ser expulsada o despedida.
Animal Político posee copia de la carta compromiso de confidencialidad que se pide firmar a quien denuncia para “no divulgar, dar a conocer, compartir, revelar, transmitir, reproducir o copiar total o parcialmente” ninguna información referente a su denuncia.
Cuestionado sobre este requisito, el ITAM aclaró que eso no quiere decir que las víctimas no puedan hacer público que denunciaron a alguien, pero no pueden hablar de cómo se maneje la situación al interior del Instituto.
La carta compromiso exige no “guardar” ni “conservar” la información del procedimiento, aún después de lo que dure la investigación.
“Esta obligación de confidencialidad perdurará aun cuando concluya el proceso, por lo que guardaré reserva de la misma durante un periodo indefinido”, indica la carta.
”Estoy consciente que de incumplir las obligaciones establecidas aquí suscritas, incurriré en una falta de probidad y me haré acreedor o acreedora a una baja definitiva del ITAM, o bien a una rescisión de mi contrato o convenio de prestación de servicios profesionales”, señala.
Esta sanción es más grave a la recibida por un maestro, estudiante o trabajador acosador, ya que el protocolo contra el acoso considera solo una amonestación o la suspensión provisional a los acosadores, además de la separación definitiva.
El documento a firmar, que es el mismo para víctimas y agresores —denominados “parte quejosa” y “parte acusada”— y para testigos, agrega que se pueden generar responsabilidades “conforme a las disposiciones legales aplicables” si se viola el acuerdo.
“De esta manera, me comprometo a sacar en paz y a salvo al ITAM, así como a sus directivos, funcionarios, empleados y colaboradores de cualquier procedimiento, instancia, denuncia, queja, querella, indemnización o sanción (cualquiera que sea el nombre o denominación legal que le corresponda) que llegare a instaurarse o imponerse en caso de incumplimiento a las obligaciones de confidencialidad, sigilo y no divulgación aquí asumidas”, finaliza la carta.
Las únicas excepciones son si la información se hizo pública sin que tuvieran que ver en ello las personas involucradas, o si hay una orden judicial, pero en este último caso, compromete a la víctima a que primero le notificará al ITAM antes de hablar con una autoridad legal.
El ITAM inició el año, como otras universidades privadas y públicas, con una ola de denuncias públicas exhibidas en un “tendedero” colgado en la llamada plaza roja de sus instalaciones, que retiró inmediatamente, por lo que alumnas acusaron que intentaban silenciarlas. La escuela dijo que al ser anónimas vulneraban los derechos de los implicados y llamó a presentar denuncias formalmente.
Después creó una Subdivisión de Género, Diversidad e Inclusión, y actualizó su protocolo contra el acoso sexual. En ese documento ya viene estipulado que todos los que tengan parte en una denuncia firmarán un acuerdo de confidencialidad sobre ella, para que se quede como un procedimiento interno sin consecuencias legales, y especifica la protección al nombre de los agresores aun cuando sean encontrados culpables.
“El nombre de la persona contra quien se realiza la queja no se revelará por parte del Instituto, ni por ninguno de los miembros del comité institucional contra el acoso sexual o del comité investigador, incluyendo el caso de un dictamen desfavorable a esta persona y que resulte en la aplicación de consecuencias y sanciones”, señala.
A pregunta expresa de Animal Político sobre este tema, el Instituto respondió por escrito que su protocolo sigue en revisión y reiteró su postura sobre la confidencialidad:
“Conscientes de la necesidad de respetar los derechos humanos de víctimas y victimarios, la Política del ITAM en contra del acoso sexual establece la obligación de confidencialidad con respecto al procedimiento, para permitir a los Comités evaluar los casos con apego a la legalidad. Es decir, estamos comprometidos con proteger el derecho de las partes, por eso acatamos la normatividad en materia de protección de datos personales. Es importante destacar que la confidencialidad es sólo con respecto al procedimiento, y no afecta la libertad de expresión de las partes sobre su sentir y su pensar”, señaló.
LAS DENUNCIAS DE AFECTADAS
Mariana (seudónimo) creía haber dejado atrás lo que le pasó en sus primeros semestres como estudiante del ITAM. Pero a principios de año, cuando surgieron las denuncias, un amigo le comentó que estaban “inventando cosas” contra la escuela. Indignada, le relató todas las veces que sus profesores le hicieron comentarios sobre cómo iba vestida, insinuaciones y hasta cuando uno de ellos trató de besarla.
Entonces decidió tomarle la palabra a la universidad cuando recomendó presentar denuncias formales, y fue a presentar más de una.
La denuncia se debe poner por escrito y puede dejarse en buzones colocados para ello, pero siempre hay que ratificarla en persona. Cuando Mariana lo hizo, aunque el protocolo contra el acoso dice que se debe ofrecer a las quejosas atención psicológica, lo más que recibió fue un pañuelo de parte de una secretaria porque estaba llorando mientras escribía.
Después, por la contingencia causada por la pandemia de COVID-19, el proceso se atrasó mucho más de los dos meses que estipula el protocolo. Y sin embargo, más de una vez recibió mensajes recordándole que firmó un acuerdo de confidencialidad por el que no puede hacer público nada.
En conversaciones con otras mujeres de la comunidad ITAM y en redes sociales ha visto un clima de duda sobre si realmente vale la pena apostar a un proceso interno de investigación más que a una denuncia pública, sobre todo viendo los resultados: de acuerdo con el “Reporte sobre Género, Diversidad, Inclusión y Acoso Sexual. Primavera 2020”, presentado este mes por el propio ITAM, de 38 agresores denunciados entre enero y mayo de 2020, solo uno fue sancionado con baja definitiva.
La consecuencia más común ante las denuncias, en ocho casos, fue emitir “llamados de atención” para que no repitan las conductas por las que fueron denunciados. En otros cuatro casos se dio instrucción a los agresores —denominados en el documento “personas acusadas”— de redactar una carta a sus víctimas para expresarles una “sincera y genuina disculpa”.
En otros cuatro casos se emitió una amonestación y en tres se les instruyó que busquen ayuda psicológica. Solo en otros tres casos hubo una recomendación para no volver a contratar al profesor denunciado.
11 quejas seguían en trámite. Los acusados fueron estudiantes en 25 de ellas, profesores en 12 y una persona ajena a la comunidad ITAM.
Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.
