El Gobierno debe cumplir la ley y no cambiarla para darle prioridad al Estado sobre la iniciativa privada
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que la iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia administrativa, de revocación de concesiones, permisos o autorizaciones de bienes nacionales viola la constitución, genera incertidumbre, atenta contra el Estado de Derecho y encarece los costos de proyectos por el alto riesgo para las empresas.
«Rechazamos este plan de enmienda a 23 leyes secundarias, que de aprobarse, pondría a las empresas proveedoras del Gobierno en una situación de desventaja, debido a la “cláusula exorbitante” que da prioridad al Estado y que en el mediano y largo plazo hará que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios a entidades gubernamentales», consideró el organismo.
Advirtió que las modificaciones propuestas son una mala señal para los mercados, hacen ver que en México no se respeta el Estado de Derecho ni los tratados comerciales internacionales -entre ellos el TMEC- signados con por lo menos 46 países, con lo que sentenció que podría abrirse un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos y Canadá.
La iniciativa, cuyo argumento principal es el de dotar a la Administración Pública Federal de Instrumentos Jurídicos para salvaguardar el interés general, público y social, busca
modificar la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la Ley de Obras Públicas y la Ley General de Bienes Nacionales; impacta en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y mina la confianza en México, asegura la Confederación.
De acuerdo con los planteamientos, pretende facultar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que agrupe por sectores a las entidades de la administración pública paraestatal y pueda asignar directamente a las entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos, al régimen de dominio público de la federación por razones de interés público general, social o de seguridad nacional.
Lo anterior, señaló Coparmex, podría representar una profunda discrecionalidad en la administración.Por lo que hace a la figura de la revocación, se establecen causales para poder llevar a cabo la revocación de concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas para la
prestación de un servicio o explotación, uso o aprovechamiento de un bien de dominio de la Federación, lo que deja en un estado ventajoso al Poder Ejecutivo.
Agregó que la propuesta abre la posibilidad de adquirir bienes en participación pública internacional, sin tener que agotar concursos nacionales, con lo cual, no sólo dejan de apoyar al sector nacional, sino que se corre el grave riesgo de adquirir productos o servicios de baja calidad, lo que además afecta a la ciudadanía y consumidores finales.
