MANUEL MONROY
En cumplimiento a las instrucciones del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha puesto en marcha los trabajos para la Homologación del Tabulador de Precios Unitarios en la Obra Pública, un paso clave para fortalecer la transparencia, garantizar la correcta ejecución de los recursos y combatir la corrupción en este sector estratégico.
Ana Laura Romero Basurto, titular de la SAyBG resaltó la importancia de este esfuerzo conjunto para mejorar los procesos de ejecución de obra pública en Chiapas y dijo que la homologación es una de las prioridades de la actual administración. «Su correcta implementación permitirá mayor eficiencia, mejores costos y una mayor calidad en las obras», dijo.
Las instalaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sirvieron como sede de esta primera mesa de trabajo, donde los equipos técnicos de las distintas dependencias intercambiaron puntos de vista sobre las ventajas de esta iniciativa.
Entre los beneficios destacan la eliminación de sobrecostos injustificados, la prevención de actos de corrupción y la garantía de que los recursos públicos se utilicen de manera óptima para el desarrollo del estado.
En el marco de esta estrategia, se trabajará de manera coordinada con el Gabinete de Infraestructura para revisar los expedientes de constructoras con obras inconclusas y, en su caso, proceder con las sanciones correspondientes.
Asimismo, se garantizará que las empresas que han cumplido con los requisitos legales y técnicos puedan participar en las futuras licitaciones de manera equitativa y transparente.
Uno de los momentos más relevantes de la reunión fue la presentación de “Jaguar Evalúa”, una innovadora plataforma tecnológica diseñada para el monitoreo en tiempo real de la obra pública en Chiapas.
Esta herramienta permitirá dar seguimiento puntual a los avances físicos y financieros de cada proyecto, asegurando que se ejecuten conforme a los estándares de calidad establecidos.
La implementación de esta plataforma representa un parteaguas en la supervisión y fiscalización de la infraestructura estatal, reforzando los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el sector de la construcción.
