Con el inicio este viernes de la LXVIII Legislatura de Chiapas, aproximadamente 60 personas dejaron de trabajar en el Congreso del estado, todas ellas vinculadas a los diputados que pertenecieron al parlamento recién finalizado, es decir, se trataba de empleados financiados por los entonces legisladores.
En este sentido, cabe resaltar que la Cámara de Diputados local tiene su propia agrupación sindical (Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Chiapas), además de personal eventual y otros más afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.
Desde el comienzo de la pasada Legislatura (1º de octubre de 2018), los congresistas entrantes llegaron acompañados por sus propias estructuras (asistentes, abogados, secretarias(os), entre otros), por lo que de antemano se sabía que el final de la misma, estos empleados se quedarían sin trabajar dentro de las instalaciones del Poder Legislativo.
La situación, es un hecho que ocurre cada tres años, es decir, con cada inicio de Legislatura, pues los diputados salientes dejan de requerir los servicios de esta clase de personal, en tanto que los representantes populares entrantes, llegan como ocurrió con sus antecesores, con sus propios ayudantes.
Según cifras oficiales, al interior del Congreso trabajan aproximadamente 600 empleados, cuyos derechos están garantizados por la Ley Federal del Trabajo y cuyos salarios son conforme al puesto que desempeñan. Sólo por citar unos ejemplos, hasta 2016 un diputado percibía 66 mil 866 pesos mensuales.
Otros empleados, entre ellos el Contralor interno, tenía un salario de 41 mil 054 pesos; Secretario particular, 40 mil 586; Parlamentarios y/o administrativos 61 mil 516 pesos; Jefe de unidad 38 mil 538; Jefe de departamento 21 mil 984; Jefe de oficina 17 mil 309 y, Asesor 19 mil 171 pesos al mes.
