Contra Línea
Autoridades ejidales mayas de los ejidos Don Samuel, Miguel Alemán, Haro, Escárcega, División del Norte y Candelaria (Campeche) integraron un frente para no negociar de forma individual los asuntos relacionados con el Tren Maya, “que afecten nuestra tierra, territorio y recursos naturales”.
En un comunicado pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que les garantice su seguridad y la sus familias “frente a las agresiones y violaciones a derechos humanos que estamos enfrentando en nuestras comunidades”.
Reiteraron su denuncia de hace un mes respecto de “una serie de fraudes y extorsiones, así como violaciones a derechos humanos por parte de la empresa Barrientos y Asociados, SA de CV, contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo la negociación para la liberación de los derechos de vía para el proyecto denominado Tren Maya”.
Asimismo, indicaron que la situación de inseguridad se ha incrementado, pues “varias personas en nuestros ejidos han sido amenazadas e intimidadas, incluso a través de la presencia del Ejército Mexicano. Frente a esto, sabemos que unidos somos más fuertes, por lo que hemos constituido una Unión de comisarios ejidales, a través del cual, decidiremos conjuntamente los temas relacionados con el proyecto del ‘Tren Maya’ que afecten nuestra tierra, territorio y recursos naturales. No negociaremos de forma individual con ninguna empresa o entidad del gobierno, sino que de ahora en adelante, en caso de que se retomen las negociaciones, éstas deberán ser con el bloque de ejidos”.
Los indígenas aprovecharon para demandar la información necesaria, de forma previa, oportuna y en un formato culturalmente adecuado, “antes de que se nos pida aprobar o tomar decisiones respecto de éste u otro tema que impacte a corto, mediano y largo plazo nuestras comunidades”.
Ello, porque aseguraron que “el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados inició en varias de nuestras comunidades estuvo plagado de vicios y, en cada caso, se cometieron distintas irregularidades aunque la forma de operar fue la misma en términos generales: se presentó una persona en las comunidades, identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, con una actitud amable y de apoyo al ejido para ganar la confianza de los representantes, diciendo que estaba ahí para realizar las negociaciones por el pago de derechos de vía del ‘Tren Maya’. Dicha persona –la misma en todos los casos– en varias comunidades buscó obtener nuestra autorización, incluso levantó actas en algunos ejidos, sin contar con la mayoría de firmas de la Asamblea, y sin la presencia de ninguna autoridad agraria; además, no se ha entregado copia hasta el momento a los ejidatarios”.
Agregaron que en algunos casos se entregaron cheques a representantes ejidales sin información, documentos o aclaraciones sobre los montos. “En cambio, el representante de Barrientos y Asociados pedía a los ejidatarios que se le regresara la mayor parte del dinero en efectivo, una vez cobrados los cheques, argumentando que era lo correspondiente al pago por las gestiones y servicios profesionales de la empresa. Las personas que se negaron o que pidieron documentos y explicaciones, fueron manipuladas, amenazadas, intimidadas e incluso extorsionadas por el representante de dicha empresa”.
En el caso del ejido Candelaria, señalaron que “se han recibido amenazas y presiones por parte de diversos actores políticos para que nos desistamos del amparo que hemos presentado. Como hemos señalado previamente, nuestra comunidad ya se encontraba en este territorio antes de que se construyeran las vías y, a pesar de ello, insisten en desalojarnos y nos hostigan argumentando que somos invasores”.
Tras exigir que se garantice su derecho constitucional al acceso a la justicia, solicitaron al presidente López Obrador una respuesta: “somos personas indígenas mayas que hemos habitado estas comunidades y ejidos del estado de Campeche desde hace décadas; tenemos derecho a vivir en paz y con seguridad. Tenemos el derecho constitucional a que se nos garantice un medio ambiente sano; a que se respeten nuestros sistemas normativos internos o denominados usos y costumbres, así como nuestro derecho a la información, participación y consulta; tenemos derecho a vivir con bienestar y dignidad, como cualquier otra persona en México”.
