MANUEL MONROY
La situación que prevalece en los municipios de Chiapas más afectados por el terremoto del año pasado, requiere urgentemente de la aplicación de 800 millones de pesos que se comprometió a otorgar el gobierno local y que ha incumplido, según concluye el informe de la Misión Civil de Observación.
Dicha instancia -conformada por seis organismos locales y dos extranjeros- realizó una visita de dos días a los damnificados de los municipios de Tonalá, Arriaga y Pjijiapan, donde afirman que es visible la indolencia e inoperancia institucional. “Se constató que las cifras manejadas por el gobierno, respecto al número de afectados y el número de viviendas dañadas se queda corta”, aseguraron.
En conferencia de prensa, los representantes de Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”; el Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”; Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, así como el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFor) México, coincidieron en calificar como preocupante todo lo relacionado con el uso de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
“Se detectaron situaciones que pusieron en riesgo la ejecución adecuada de dicho apoyo económico, así como la llegada segura a quienes lo necesitaban. Prevaleció la desinformación, discrecionalidad y el uso opaco de los recursos. Inicialmente el censo de damnificados quedó a manos de autoridades locales que se aprovecharon de la situación para apoyar a sus familias”, señalaron.
Aseguraron que aún prevalecen personas que fueron censadas y que no han recibido sus tarjetas, bien porque sin avisarles cambió su situación de afectación, o porque les afirman que ya fueron enviadas y no hay institución ni funcionario que se haga responsable.
Revelaron que Fundación Azteca, bajo el discurso de caridad, llegó a varias comunidades a ofrecer la construcción de viviendas en modo de donación, empero, una vez que la gente accedió y las casas tenían cierto grado de construcción, les hicieron firmar contratos en donde renunciaban, a favor de dicho organismo, a los recursos otorgados por el Fonden.
Los representantes de las instancias investigadores hicieron un llamado a las autoridades salientes de los tres niveles de gobierno, para que realicen las acciones tendientes a remediar las fallas incurridas durante todo este lapso, así como el de investigar, resolver y castigar los posibles actos de corrupción en torno a la entrega de tarjetas del Fondo Nacional de Desastres.
Asimismo, pidieron investigar, regular y supervisar la participación de empresas, fundaciones o cualquier otro agente privado en labores de reconstrucción, para este caso y posteriores, así como brindar información oportuna, culturalmente adecuada y veraz a las personas damnificadas.
