* Fue regidora en 2012 en San Cristóbal de Las Casas por lo que no cumple el requisito de residencia para ocupar este cargo en Tuxtla Gutiérrez
MANUEL MONROY
Integrantes del próximo cabildo acusaron al exsenador Rubén Zuarth, de tráfico de influencias, luego de que se supiera que la esposa de este, Adriana Guillén, fungirá como Regidora en la próxima administración del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, pese a no haber cumplido con los requisitos para ocupar dicho cargo.
Sin proporcionar sus identidades por temor a represalias, los inconformes señalaron que el exlegislador, aprovechando su cercanía con el otrora candidato a la gubernatura, Roberto Albores, así como al dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Julián Nazar, logró colocar a su cónyuge en un puesto clave.
“Pese a que no contaba con militancia dentro del tricolor, en el 2012, Zuarth logró imponer a su esposa en la planilla de Francisco Martínez Pedrero. En aquella ocasión no le importó hacer a un lado a mujeres con raigambre en la demarcación, mientras que en el 2015 quiso hacerla candidata a Diputada local”, relataron.
Los manifestantes aseguraron que Guillén no respeta la ley, pues pese a haberse dado cambios desde enero pasado al Artículo 39 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal, recibió su constancia que la “hace oficialmente regidora del Ayuntamiento local”.
“Dicha normatividad marca que para aspirar al citado cargo el interesado debe ser originario (a) del municipio en cuestión y debe cumplir con mínimo un año de residencia en el mismo o, en su defecto, ser chiapaneca de nacimiento con cinco años de estadía en el municipio a tratarse”, aseveraron.
El grupo de inconformes coincidieron en que Guillén es oriunda de San Cristóbal, ciudad en la que acaba de terminar su función como Regidora dentro del trienio 2012-2015. “Si la señora optó por residir en Tuxtla al terminar su compromiso municipal entonces cumple con poco menos de tres años de vivir en la capital”.
Exigieron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), a realizar una profunda investigación sobre la documentación que entregó Adriana Guillén para presuntamente comprobar que lleva más de cinco años con residencia en Tuxtla. “La justicia debe ser para todos y si se encuentra alguna anomalía en el papeleo de la susodicha, debe ser removida del cargo”, argumentaron.
