Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), habla frente al micrófono de la sala de audiencias de Guatemala. La memoria y meticulosidad del secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que le convirtieron en su hombre de confianza para gran parte de los negocios ilícitos fraguados desde gobierno del Partido Patriota, ahora está al servicio de la investigación penal. Es abril de 2016 y está prestando la declaración de anticipo de prueba en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El caso TCQ, la construcción y operación de una nueva terminal en el principal puerto de Guatemala, salió a la luz tres meses de esta declaración. Las averiguaciones de la CICIG y el Ministerio Público concluyeron que Grup Maritim TCB, la empresa española a la que se le otorgó el negocio en 2012, había acordado el pago de 30 millones de dólares -de los que solo se pagaron 12 millones- a diferentes operadores del Gobierno de Guatemala a cambio de obtener el contrato.
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ESTE REPORTAJE FUE REALIZADO EN EL MARCO DE LA INICIATIVA PARA EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN LAS AMÉRICAS, DEL INTERNACIONAL CENTER OF JOURNALISTS (ICFJ), EN ALIANZA CON CONNECTAS
