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Cuarenta años después de los asesinatos de cuatro periodistas holandeses en El Salvador, una jueza ordenó la detención de un exministro de Defensa y otros cuatro militares involucrados en la emboscada y masacre. Ahora, la togada ha determinado que el proceso puede pasar a fase de juicio para la realización de la vista pública.
Se trata de la primera vez que un caso del informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador llega a la etapa de juicio con altos mandos sentados en el banquillo de los acusados.
Los tres imputados son el exministro de Defensa, el general José Guillermo García; el exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán; y el excomandante de la 4ª Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena.
García fungió como ministro de Defensa entre 1979 y 1983, período en el que se le ha vinculado a otros crímenes ocurridos durante el conflicto armado interno del país, como el de las religiosas Maryknoll, asesinadas en 1980, o la masacre de El Mozote. Aliado de la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan, vivió en EE.UU. desde 1990 hasta 2016, cuando fue deportado a territorio salvadoreño.
Un crimen planificado
El 17 de marzo de 1982, cuatro periodistas holandeses, acompañados por varios miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cayeron en una emboscada tendida por una patrulla del Batallón ‘Atonal’ de la Fuerza Armada Salvadoreña.
Tras el ataque, todos los componentes del grupo murieron, salvo un elemento del FMLN. En su informe, la Comisión de la Verdad establece que la emboscada fue preparada deliberadamente para dar muerte a los periodistas, y que se encubrió la verdad y se obstaculizó la investigación judicial.
El periodista Koos Jacobus Andries Koster, el productor y redactor Jan Cornelius Kuiper Joop, el técnico en sonido Hans Lodewijk ter Laag y el camarógrafo Johannes Jan Willemsen, todos de nacionalidad holandesa, se encontraban en el país para realizar un reportaje sobre la situación política y militar del país para una empresa de televisión pública de los Países Bajos.
Koster, quien dirigía el equipo, había realizado dos años antes un reportaje sobre las unidades de defensa civil y los escuadrones de la muerte (grupos paramilitares de extrema derecha, que llevaron a cabo ejecuciones de opositores políticos). Tuvo un gran impacto en el extranjero y el Gobierno lo consideró favorable al FMLN.
El proceso judicial sobre este caso se inició inmediatamente, pero se detuvo en 1988, cuando la jueza a cargo solicitó y obtuvo refugio en otro país tras recibir amenazas.
