Por Redacción/SinEmbargo
Ciudad de México, 17 de julio (Cuartoscuro/SinEmbargo).- Ángeles es empleada doméstica y gana 100 pesos por día, a pesar de que trabaja más de doce horas lavando, cuidando niños, cocinando, haciendo otras labores del hogar en Oaxaca.
La joven, de 19 años de edad, acepta el salario porque la dejan llevar a su bebé.
Durante el primer tendedero de deudores alimenticios convocado por colectivas feministas, Ángeles asistió acompañada de su bebé de un año de edad para denunciar a su expareja, quien según declaraciones de ella, intentó matarla.
Ángeles sufrió abusó sexual por parte del sujeto, quien además la golpeaba diariamente. Fue justo en la última golpiza cuando la mujer decidió irse con la ayuda de su madre. Desde entonces ella y su bebé viven en un cuarto de 4×4 metros, donde adaptó su cama y cocina.
La joven sabe que no recibe un sueldo justo, sin embargo, lo soporta porque le dejan llevar a su bebé y comer ahí.
El Poder Legislativo realizó modificaciones al Código Penal para el Estado de Oaxaca para aumentar la pena contra quien cometa el delito catalogado como violencia familiar. La reforma realizada al artículo 405 del Código, señala primeramente que, “a quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de tres a nueve años de prisión”, cuando anteriormente el castigo era de uno a seis años.
Eso es lo que debería enfrentar su pareja. Pero sigue siendo deficiente el sistema para poder generar una denuncia.
Ángeles relata que al final la denuncia por intento de feminicidio no se pudo interponer y la cambiaron a violencia doméstica en la cual hasta la fecha no hay con detenidos.
En diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que es “discriminatorio” e “inconstitucional” que las empleadas domésticas sean excluidas del Seguro Social, dado que en ese momento los patrones no estaban obligados a inscribirlas.
“No existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social“, lo que provoca una “discriminación injusta contra dichas trabajadoras”, afirmó el órgano en un comunicado.
En un estudio presentado en julio de ese año, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señaló que las trabajadoras del hogar en México laboraban hasta 12 horas al día y sin las prestaciones de ley a las que tienen derecho los trabajadores en este país.
Germán Martínez Cázares, quien en 2018 era el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció que se acataría inmediatamente la orden de la Suprema Corte.
