La Jornada
Ciudad de México. Uno de cada 10 pesos de la deuda interna de México es lastre del rescate bancario avalado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que derivó en la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y que se socializó en 1998.
Este pasivo no ha dejado de crecer en términos nominales, mientras se suman nuevas instituciones en quiebra. Entre el cierre de 2000 y septiembre de 2023 pasó de 704 mil 918.5 millones de pesos a un billón 96 mil 877.7 millones.
Dada la dimensión de los pasivos que dejó una de las causas de la crisis de 1994, responsabilidad de los gobiernos priístas de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, a finales de esa década se aprobaron programas para hacer públicas las obligaciones de los bancos y refinanciarlas hasta que con el paso del tiempo y el aumento de la inflación se devaluaran.
Ambos factores, tiempo e inflación, han hecho parte del trabajo. El saldo de ese primer rescate se ha reducido más de 50 por ciento en términos reales; sin embargo, hasta septiembre de 2023 los intereses y gastos de administración que se han pagado por la deuda arrastrada desde mediados de la década de 1990 superan un billón 813 mil 556.4 millones de pesos a valores reales con base en la inflación, 857 mil 179.7 millones sin actualizar.
Un billón 376 mil 451.7 millones de pesos han sido exclusivamente para pagar los bonos IPAB, manejados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo creado exclusivamente para administrar la deuda del rescate bancario por medio de refinanciamientos, y el resto para los otros apoyos a ahorradores y deudores de la banca, 437 mil 104.7 millones de pesos, que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La semana pasada, en medio de la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, último de esta administración, el diputado priísta Rubén Moreira subió a tribuna para airear su reserva: recortar 40 mil millones de pesos a los recursos destinados al Fobaproa y dirigirlos a la reconstrucción de Acapulco.
Quitemos a los banqueros la prebenda del Fobaproa, dijo el ex gobernador de Coahuila, sin exponer cómo dejar de abonar las obligaciones aprobadas por su partido dos décadas atrás. En el exhorto para que el oficialismo redujera esta partida, soltó una advertencia con tintes automáticos de expiación: Sé que me lo darán, porque si no, el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros.
El próximo año se propuso asignar 62 mil 489.4 millones de pesos al ramo 34, Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, en el cual se integran los costos del IPAB y los otros programas de saneamiento financiero, todos herencia del rescate avalado por PAN y PRI.
Esa deuda se paga con transferencias del gobierno federal y cuotas de los bancos, pero no deja de ser uno de los principales pasivos para las finanzas públicas.
En septiembre de 2023, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (la medida más amplia de la deuda pública) alcanzó 14 billones 504 mil 243.4 millones de pesos; de ella, 10 billones 779 mil 618 millones de pesos son obligaciones internas y un billón 96 mil 877.7 millones de pesos son el costo de rescates bancarios.
Como parte de la deuda total, los pasivos derivados del rescate bancario representan 7.6 por ciento y 10.2 por ciento si se cuenta sólo el endeudamiento interno; en 2000 estas proporciones eran 34.4 y 54.3 por ciento, respectivamente. Es decir, uno de cada tres pesos que debía el sector público a inicios de siglo eran el costo de absorber las deudas bancarias.
