Elizabeth Escobedo Morales, presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia, Vinculadas a los Feminicidios del Congreso del estado de Chiapas, dio a conocer que hay avances para que en breve se legisle en la entidad en materia de violencia vicaria.
La también responsable del Consejo Consultivo y Ciudadano del ramo, dio a conocer que la LXVIII Legislatura también trabaja para poder crear leyes, conforme lo exige la realidad actual, respecto a temas cono la sustracción de menores y usurpación de funciones.
Recordó haber encabezado recientemente la cuarta sesión ordinaria de las instancias antes señaladas, donde se estudiaron las problemáticas sociales que más afectan a las mujeres. «Por ello es fundamental trabajar en favor de este sector de la población, así como por los de la niñez y adolescentes de Chiapas».
La legisladora dio a conocer que varias homólogas, entre ellas Cecilia López Sánchez, Floralma Gómez Sántiz, Karina Margarita del Río Zenteno y Leticia Albores Ruiz, calificaron como necesario que estas normatividades estén contemplados en la legislación y refrendaron su compromiso de legislar para adecuarlas el marco jurídico existente.
Algunas de las tareas que se desarrollaron durante la reunión, anotó la representante popular, fue el análisis del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y al Código Penal en materia del reconocimiento y sanción de la Violencia Vicaria.
Morales anotó que igualmente se abordó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal del Estado en materia del delito de retención y sustracción de menores o de personas Incapaces de entender el hecho. «Se realizarán mesas de trabajo para su estudio su estudio», adelantó.
Asimismo, la legisladora señaló que se habló de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas fracciones y artículos del Código Penal del estado con el propósito de garantizar los derechos-políticos electorales de los pueblos y comunidades, tipificar como delito y sancionar la usurpación de la identidad indígena.
