La ASF documenta anomalías por $667 millones
Auditorías realizadas a los recursos entregados para enfrentar la emergencia de hace dos años detectaron malos manejos en Oaxaca, Edomex, Morelos, Chiapas y Sagarpa, principalmente
Francisco Rosas/Excelsior
El manejo irregular de los recursos destinados a enfrentar los efectos de los sismos de 2017 en el país dejó daños al erario por al menos 667 millones de pesos.
De acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre revisiones de ese año, que aún están en proceso de seguimiento, Oaxaca fue el estado que más anomalías tuvo al sumar 11 casos, que representan 459 millones 789 mil pesos, principalmente por incumplir entrega de aulas, no acreditar el destino de recursos para la reconstrucción e incumplimiento de distintas obras
Con dos casos, el Edomex suma irregularidades por 37 millones 458 mil pesos al no acreditar el destino de recursos destinados al teleférico.
En Morelos hubo un posible quebranto de 33 millones 883 mil pesos porque no se entregaron 85 aulas móviles a 15 planteles dañados.
Chiapas, con 12 casos, es la entidad con más requerimientos por parte de la ASF, aunque el monto global es de 26 millones 924 mil pesos.
En cuanto a dependencias federales, en la Sagarpa se calcula un perjuicio por 90 millones 209 mil pesos debido a la falta de documentación justificativa del Programa de Apoyos a Pequeños Productores.
Detectan anomalías en uso de 667 mdp
En Morelos, por ejemplo, no se entregaron 85 aulas móviles a 15 planteles afectados por el sismo.
Según reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el manejo de los recursos por los sismos de 2017 dejó daños al erario por al menos 667 millones de pesos, principalmente en Oaxaca, Estado de México, Morelos y Chiapas, y en la Sagarpa.
Según las auditorías sobre el año 2017, que están en proceso de seguimiento, uno de los montos mayores con anomalías es el del estado de Oaxaca, donde se presume un probable daño por un monto de 228 millones 669 mil 296.87 pesos, debido a que de los 369 millones 25 mil 462.20 pesos ministrados al estado provenientes del Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas, Proyectos de Desarrollo Regional, sólo se acreditaron recursos ejercidos por 140 millones 356 mil 165.33 pesos, de lo que resulta la diferencia de recursos de los cuales no se comprobó el ejercicio de los mismos o su reintegro a la Tesorería.
También se presume un probable daño o perjuicio por un monto de 207 millones 432 mil 285.42 pesos, porque no se acreditó el ejercicio de recursos del Fideicomiso de Administración y Pago denominado Fondo Regional (Fideicomiso) o su reintegro a la Tesorería de la Federación, más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su reintegro, toda vez que se ministraron al gobierno del estado de Oaxaca recursos con cargo a dicho fondo en el año 2017, por 352 millones 748 mil 405.91 pesos y únicamente se comprobaron recursos ejercidos por 145 millones 316 mil 120.49 pesos.
En el caso de dependencias federales, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se presume un probable daño o perjuicio por un monto de 90 millones 209 mil 700 pesos, por la falta de documentación justificativa del Programa de Apoyos a Pequeños Productores en su Componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, debido a que se validó el pago de los servicios a 43 Agencias de Desarrollo Rural sin acreditar que éstos se prestaron, los cuales corresponden a los instrumentos jurídicos denominados “Contrato de Prestación de Servicios de Agencias de Desarrollo Rural del componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales Ejercicio 2017”.
Por entidad federativa, en Oaxaca fue donde más anomalías se detectaron, pues la Auditoría analiza 11 casos, que representan un monto, en su conjunto, de 459 millones 789 mil 138 pesos, principalmente por falta de entrega de aulas, inspecciones físicas, porque no acreditaron el destino de los recursos del fideicomiso destinado a la reconstrucción e incumplimiento de obras.
Le sigue el Estado de México, donde en sólo dos casos suma un quebranto de 37 millones 458 mil 861 pesos, por no acreditar el destino de recursos que formaban parte del Fondo Metropolitano del Valle de México, destinado para el teleférico.
En Morelos se detectó un posible quebranto por 33 millones 883 mil 202 pesos porque no se entregaron 85 aulas móviles a 15 planteles afectados por el sismo.
Chiapas, con 12 casos, es la entidad con más requerimientos por parte de la Auditoría, aunque el monto es de apenas 26 millones 924 mil pesos.
En cuanto a las dependencias federales, además de Sagarpa, la ASF detectó quebrantos en Cofepris, Fonden y Comisión Nacional de Vivienda, con montos menores.
Sin embargo, también está el caso de Sedatu, donde se presume un quebranto por 14 millones 491 mil 663 pesos por el programa de retiro de escombros en las zonas afectadas.
