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El 20 de agosto se enfrentarán la ex primera dama Sandra Torres y el sociólogo Bernardo Arévalo en la segunda vuelta en los comicios por la presidencia de Guatemala. Las encuestas favorecen a Bernardo Arévalo, un socialdemócrata al frente del partido anticorrupción Semilla. Si logra ganar, la gobernabilidad será un desafío, advierte Eddie Cux, de la organización civil Acción Ciudadana en entrevista con DW.
Antes de la entrevista, Eddie Cux se disculpa. Quedó «trancado en el tráfico infernal”, dice a DW. La capital guatemalteca es un vivo ejemplo de un urbanismo fallido, que ha dado prioridad absoluta a los automóviles. Las autoridades prácticamente han olvidado los semáforos peatonales, los autos no frenan ni siquiera en los pasos peatonales, y las señales de tránsito se han convertido en sugerencias, más que en obligaciones. Cux es abogado, tiene 36 años y vive en su comunidad indígena, a 40 minutos de Ciudad de Guatemala en automóvil. Él es director jurídico de la oenegé Acción Ciudadana, dedicada a la transparencia, en un país señalado internacionalmente por sus altos índices de corrupción, uno de los tantos retos que tendrá que enfrentar el próximo gobierno guatemalteco.
DW: ¿Cuáles son los escenarios que manejan ustedes para la segunda vuelta, el 20 de agosto?
Eddie Cux: Llegar a la segunda vuelta ha sido accidentado, porque nadie contaba con Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. No les ha gustado a los poderosos, que manejan los hilos de poder, y por eso lo han atacado por la vía de los tribunales, a él, a su partido y a sus colaboradores. Creo que ese ataque va a continuar.
Sin embargo, hubo mucha presión internacional en contra de la judicialización de la contienda. ¿Eso no ha calmado los espíritus?
Ha calmado el ímpetu, porque incluso hubo allanamientos en la autoridad electoral, usando violencia e intimidación. La comunidad internacional y los observadores han contribuido a que se baje la tensión. Pero creo que seguirá la estrategia de lawfare (guerra judicial)”.
Efectivamente, están abiertas las investigaciones contra Semilla por firmas falsas en el registro de su partido, en 2017. ¿Se podría dar un escenario en el que Bernardo Arévalo gane, y no pueda asumir el cargo?
Yo creo que van a intentar suspender o cancelar la personería de Semilla, van a presentar un antejuicio contra Bernardo Arévalo. Si lo meten preso, asumiría el cargo su vicepresidenta, Karen Herrera, que es menos experimentada en política. Y luego pueden tratar de destituirla a ella por vía del Congreso, donde Semilla no tiene mayoría.
¿Eso es un escenario extremo, no hay esperanza?
Va a influir cómo actúa la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos. Pero aun así será difícil. En octubre 2023 se termina el período de la Corte Suprema. Allí todavía está en funciones el antiguo gobierno. El nuevo no asume hasta enero de 2024, y ellos intentarán elegir una Corte de acuerdo con sus intereses para plantear un mega poder en contra del nuevo Gobierno.
¿Se puede decir quiénes son «ellos», o ese famoso «pacto de corruptos”?
Son algunos empresarios vinculados a la Fundación Contra el Terrorismo (fundada por círculos militares). Ellos están asustados y ven al comunismo en todas partes. Son muy reacios a cambios políticos y sociales, porque han mantenido el poder durante 50 años y eso ha devenido en utilizar a los políticos según sus intereses.
Suena a ‘república bananera’, pero hasta ahora, la economía guatemalteca ha sido muy estable, sigue creciendo, los indicadores macroeconómicos son buenos…
La economía guatemalteca depende más que nada de las remesas que envían los migrantes. Son 20.000 millones de dólares al año que dinamizan la economía: son los pobres manteniendo a pobres. La élite está cómoda con que haya más migrantes, contrariamente a lo que piensan los Estados Unidos. Los productos que los pobres consumen gracias a las remesas son muy locales, por ejemplo, alimentos o cemento. Ambos son monopolios locales. Ellos ven a las importaciones como amenazas. El Gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) trató de abrir la importación de pollos y terminó preso.
¿No hay grupos más progresistas en la élite?
Obviamente, hay sectores económicos más abiertos, que dependen del comercio internacional y están preocupados por todo lo que ocurre. Pero los sectores tradicionales, la Cámara del agro y la de la industria, son las más poderosas. Los del sector agrícola tienen una mentalidad feudal, muy cómodos con sus privilegios, y que no quieren cambio. Para ellos, el modelo funciona. Pero la brecha de desigualdad ha aumentado, igual que el hambre. Llegamos al 60 por ciento de pobreza, con 2,1 millones de personas con problemas de acceso a alimentos.
Si llegara a ganar Arévalo, y si lo dejan gobernar, ¿qué se puede esperar?
Su plan de gobierno es moderado. Plantea, por ejemplo, un Estado de bienestar. Va a tener problemas de gobernabilidad. No tiene al Congreso, ni tiene alcaldes, y la Justicia va a estar encima de él. La ventaja que tiene es que el Estado es muy presidencialista; y a través de la asignación de recursos y el nombramiento de gobernadores, directores de salud, etcétera, puede influir en el aparato del Estado. El apoyo más importante, sin embargo, es la ciudadanía. Se creó un «fenómeno Bernardo». Cuando él quedó en segundo lugar, hubo mucha simpatía espontánea. Hoy, en cualquier tortillería están hablando de política y de Semilla como esperanza de cambio.
Sin embargo, Sandra Torres tiene fama de tener una maquinaria electoral poderosa y está haciendo una campaña dura.
Ella ha atacado de manera muy vulgar a Semilla, está atacando a la comunidad LGBT, está en contra del aborto, pero con un lenguaje muy ordinario, y eso le cuesta simpatías a ella, y le da mayor credibilidad a Arévalo.
La lucha contra la corrupción es un tema urgente en Guatemala. ¿Cómo ve las propuestas de los candidatos en ese sentido?
No han propuesto nada nuevo ninguno de los dos. Van a nombrar un sistema nacional anticorrupción. Eso lo han hecho los gobiernos anteriores. Proponen mayor acceso a la información pública. Hay una muy buena ley, pero se cumple de forma mediana, y eso solo ayuda a visibilizar, pero no a eliminar la corrupción. De ahí proponen hacer más denuncias, pero investigar le corresponde a un Ministerio Público que estará controlado por la élite.
¿Qué sería necesario hacer entonces?
Democratizar la lucha contra la corrupción. Armar un frente ciudadano de cooperación para la democracia, armar grupos sociales a nivel departamental que planteen un contrapeso a las estructuras de poder, que los vigilen, que mapeen a los actores locales corruptos porque esas son, independientemente del gobierno central, estructuras aceitadas de proveedores, contratistas, empleados públicos, diputados.
¿Y qué se puede hacer con la Justicia, que ha sido cooptada por las élites?
Es muy difícil. Sólo se puede hacer algo con la presión de la calle, por ejemplo, cuando se discutan los nuevos nombramientos en la Corte Suprema, en octubre. También se necesitará de la comunidad internacional. Nosotros hemos participado en muchos de esos procesos, levantando alarmas, pero siempre los eligen, como ha pasado, por ejemplo, con la fiscal general Consuelo Porras (señalada como corrupta y antidemocrática en la lista Engels que publica el gobierno estadounidense). Pero en ese entonces solo éramos un par de actores y de medios. Si ahora la gente se involucra, es posible que haya cambios.
