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Guatemala: congresistas recomiendan quitar inmunidad al TSE

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DW

Una comisión del Congreso de Guatemala recomendó este miércoles (29.11.2023) quitar la inmunidad a cuatro magistrados electorales por supuesta corrupción, en una causa paralela a las que lleva adelante la Fiscalía contra el presidente electo Bernardo Arévalo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Arévalo están en la mira de la Fiscalía desde que el líder socialdemócrata dio la sorpresa en los comicios, tras lo que pidió al Congreso que prive de inmunidad a sus magistrados por la supuesta compra a sobreprecio de un sistema informático. También, ha allanado varias veces las oficinas del TSE.

«La recomendación es que sí se les quite el antejuicio (inmunidad) a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral», dijo a periodistas el presidente de la comisión que analizó el pedido de la Fiscalía, Enrique Montano, tras una votación de tres a dos.

Otros cuatro magistrados del TSE están investigados en el mismo caso, pero fueron beneficiados con un amparo provisional ordenado por la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país.

Montano comentó que ahora el pleno del Congreso debe determinar si acoge la recomendación de la comisión y quita la inmunidad a los cuatro magistrados, para lo cual se necesitan los votos de 107 de los 160 diputados. El plazo para hacerlo vence el 30 de noviembre, último día de las sesiones ordinarias del 2023.

El 27 de septiembre, la cuestionada Fiscalía presentó estos pedidos de desafuero afirmando que el TSE adquirió a sobreprecio un sistema informático de transmisión de resultados electorales, desestimando ofertas más baratas. El 7 de noviembre la Corte Suprema avaló este pedido.

La Fiscalía también solicitó a mediados de noviembre quitar la inmunidad a Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera -otorgada por su condición de electos-, lo que ha elevado la incertidumbre en el país centroamericano a semanas de que deban asumir sus cargos.

Estas maniobras han generado críticas de Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos que afirman que se busca desconocer el veredicto de las urnas.

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