El Economista
En una coyuntura donde los efectos del cambio climático se hacen cada vez más evidentes, afectando la calidad de vida de la población, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó más este año en protección ambiental e, incluso, el aumento de los recursos fue el mayor observado en una década.
Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mostraron que, entre enero y mayo de este año, el gobierno ejerció 9,746 millones de pesos en la funcionalidad de protección ambiental – a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) -, lo cual representó un crecimiento de 30.8% en comparación anual.
Lo anterior es el mayor incremento que se observa, para un periodo similar, desde el 2014, cuando el gasto en protección ambiental aumentó 44.7%; sin embargo, los niveles ejercidos aún quedan por debajo de lo observado, por ejemplo, en el sexenio pasado.
“Si bien el incremento es positivo, no ha sido suficiente para igualar los niveles observados en años pasados. Por ejemplo, en el 2014 el gasto en protección ambiental fue de casi 15,000 millones de pesos, por lo que es necesario que se mejore este gasto sobre todo ante los recortes que se observaron en años pasados”, indicó Jorge Cano, investigador de la organización México Evalúa.
Tomando en cuenta sólo el mes de mayo, el gasto en esta función fue de 2,613 millones de pesos, 45.3% más en comparación anual.
El gasto en protección ambiental se refiere a las erogaciones monetarias para prevenir, medir, controlar, disminuir o resarcir la contaminación o cualquier tipo de degradación ambiental, así como promover, gestionar y proteger el medio ambiente.
“La inversión de recursos económicos para la conservación, protección y recuperación del medio ambiente y los recursos naturales es indispensable para proteger el capital natural de los países”, señaló la Semarnat.
Sólo 0.19% se va al medio ambiente
De acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, el gasto en protección ambiental apenas representará 0.19% de los más de 9.06 billones de pesos que se planean ejercer este año.
En total, el gasto aprobado para este rubro será de 17,352 millones de pesos, esto representa 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB), algo que se ha mantenido, al menos, durante el último lustro.
Avance pese a recorte
César Rivera de Jesús, investigador en Transición Energética y Medio Ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) destacó que el crecimiento que se observa en la función de protección ambiental se da en medio de un año donde se le recorta el gasto a este rubro.
De acuerdo con lo aprobado por la Cámara de Diputados, el monto aprobado para el gasto en protección ambiental es 15.4% menor a lo que se aprobó para el año pasado.
“De los más de 17,000 millones de pesos aprobados para protección ambiental, 74.8% corresponde a Conagua – organismo desconcentrado de la Semarnat – lo que la convierte en la parte más importante de este rubro”, explicó el investigador.
Entre los programas más importantes al interior de la Conagua está el de Gestión Integral y Sustentable del Agua, en donde se habían ejercido 78% del presupuesto programado, al menos, hasta el primer trimestre del 2024.
Sin embargo, destacó que el programa de la Semarnat no tiene asociado ningún proyecto, es decir, no hay proyectos que tengan que ver con infraestructura nueva o mantenimiento
El programa de Gestión Integral y Sustentable del Agua, a cargo de la Conagua, tiene como objetivo que las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes mejoren su administración sustentable.
Espacio limitado, gasto limitado
Los investigadores coincidieron en que es necesario que se incremente el gasto en protección ambiental, sobre todo, ante la coyuntura actual donde el cambio climático cada vez tiene un efecto más adverso en el bienestar de la población.
Sin embargo, el estrecho espacio fiscal con el cual cuentan las finanzas públicas dificulta que el gasto en protección ambiental, así como en otros rubros del presupuesto, presente un aumento considerable.
En este sentido, en diversas ocasiones organizaciones civiles, organismos internacionales, expertos y asociaciones han abogado por la implementación de una reforma fiscal progresiva, la cual permita incrementar los ingresos públicos y, así, tener mayores recursos para la atención de las necesidades de gasto, así como la implementación de nuevas políticas públicas y hacer frente a las presiones existentes como la deuda y las pensiones.
Sin embargo la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha expresado en diversas ocasiones que no implementará una reforma fiscal, al menos no al inicio de su sexenio, lo que ha puesto en duda el alcance de los ingresos ante un 2025 donde se espera una consolidación fiscal, con un déficit que pasaría de 5.9 a 3.0% del PIB.
