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El gobierno de Nicaragua canceló el martes (04.07.2023) la personalidad jurídica de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, que se dedicaba al servicio de los pobres a través del suministro de alimentos, vestuario y oración, y ordenó expropiar sus bienes, se informó en el diario oficial La Gaceta.
Mediante una resolución del Ministerio de Gobernacion (Interior) fue clausurada la asociación católica Fraternidad Pobres de Jesucristo, en la que colaboraban cuatro monjas brasileñas que abandonaron el país, al parecer tras la negativa del gobierno de Daniel Ortega de renovarles permisos de residencia.
Inscrita formalmente en Nicaragua en 2019, la asociación religiosa laboraba en el país desde hacía siete años, con sede en el departamento de León, 90 kilómetros al occidente de Managua.
El gobierno argumento que la organización religiosa no había renovado su junta directiva desde 2021 ni había reportado sus estados financieros entre 2020 y 2022, argumentos similares a los aplicados a otras más de 3.300 ONG que fueron cerradas en los últimos años.
Además de disolver la Fraternidad Pobres de Jesucristo, el Ministerio de Gobernación dispuso la confiscación de sus propiedades, al ordenar a la Procuraduría General de la República «realizar el traspaso de sus bienes muebles o inmuebles” al Estado de Nicaragua.
La salida de las monjas hacia El Salvador y el cierre de la ONG se producen tras largos meses de crisisentre el gobierno sandinista y la Iglesia católica, uno de cuyos obispos, monseñor Rolando Álvarez, cumple una condena de 26 años y cuatro meses de prisión en la cárcel Modelo de Managua.
Álvarez fue condenado en febrero pasado, tras negarse a ser deportado de Nicaragua junto a 222 «presos políticos” excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos, según lo dijo el propio Ortega.
El mes pasado, el gobierno informó que investigaba a la Iglesia católica por ser parte de una presunta «red de lavado de dinero” en coordinación con opositores políticos, y canceló varias cuentas bancarias de parroquias y diócesis en distintas zonas del país.
Ortega ha acusado a la Iglesia de participar en las protestas sociales de 2018, que el gobierno calificó como «un fallido golpe de Estado”. En marzo pasado ordenó la «suspensión” de relaciones con el Vaticano y un año antes había expulsado del país al nuncio apostólico Valdemar Sommertag, quien ofreció interceder por la libertad de los «presos políticos”.
