La Jornada
Ciudad de México. En una reunión de cierre de actividades en el marco de la visita al país de la relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jimenez-Damary, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, manifestó el compromiso gubernamental para revisar “de manera detallada” el informe que presentará la especialista en junio de 2023.
Afirmó que esta visita oficial “se enmarca en la estrategia del gobierno de México para visibilizar esta temática que había permanecido invisible en el pasado. Su visita no deber ser vista como un hecho aislado o fortuito, sino como parte de un conjunto de acciones que hemos emprendido para la atención integral a esta problemática», señaló.
Destacó que a lo largo de 12 días le fueron presentados a la especialista los avances que el Estado mexicano, en su conjunto, ha tenido para atender a las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno (DFI).
“Se sostuvieron reuniones con más de 25 dependencias de la administración pública federal, con los poderes Legislativo y Judicial, representantes de cuatro entidades federativas (Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Guerrero), organizaciones de la sociedad civil, comunidades en situación de desplazamiento y organismos autónomos de derechos humanos”, agregó en un comunicado.
«El compromiso que ahora asumimos será el de revisar de manera detallada el informe que presentará y darle seguimiento puntual y pormenorizado desde todas las instancias que componen al Estado mexicano», enfatizó.
El director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Cristopher Ballinas Valdés, destacó que «el diálogo cooperativo y constructivo que se mantiene con los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos, permiten un intercambio de ideas para la atención de los grandes retos que en materia de derechos humanos enfrenta el país”. Tras agradecer la visita de la relatora especial, le manifestó que “puede contar con que estas recomendaciones (que emita) serán consideradas de manera sería por las diferentes instituciones del Estado mexicano responsable de su atención».
Jimenez-Damary afirmó que el objetivo de su visita fue evaluar la situación de los derechos humanos de las personas en situación de DFI, debido a factores como la violencia, conflictos agrarios, proyectos de desarrollo y desastres.
«Esta visita me ha permitido constatar la complejidad de la situación, la cual requiere una atención integral, incluyendo la adopción de medidas de prevención, atención y protección a personas desplazadas con un enfoque de derechos humanos diferenciado e interseccional, y alcanzar condiciones para soluciones duraderas», añadió.
«Mi análisis completo y recomendaciones para el gobierno se prepararán en los próximos meses y se presentará en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2023», precisó.
