Tras el anuncio del gobernador del estado donde aclaró que los funcionarios con notaría debían decidir sobre una cosa u otra, La Silla Rota investigó quienes más, en los próximos días o semanas, tendrán que «alinearse» a la orden de Escandón
Christian Gonzalez/La silla rota
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El anuncio del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, hace unos días fue contundente: «O atienden sus notarías, o se enfocan en sus cargos públicos». Apenas ayer se anunció que Juan Óscar Trinidad Palacios «alzó la mano» para decidirse por su puesto como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y dejar a un lado su patente notarial (mientras se ocupa de su puesto), la 121, con sede en Tonalá.
Sin embargo, lo que el Ejecutivo estatal no mencionó es cuáles funcionarios aparecen en esa lista. Por ello, La Silla Rota investigó quienes más, en los próximos días o semanas, tendrán que «alinearse» a la orden de Escandón. De hecho, de las 13 notarías que están «en la mira», 12 las otorgó el exgobernador Juan José Sabines Guerrero, y solo una el también exmandatario y ahora senador Manuel Velasco Coello.
Entre los que este portal de noticias nacional detectó como candidatos «naturales» a dejar sus notarías (que sí están activas) o quedarse con sus cargos, aparece Raciel López Salazar, exfiscal general de Chiapas y en la actualidad delegado de la Fiscalía General de la República del Estado de México, quien tiene la notaría 138 en esta ciudad capital.
Asimismo, sobresalen José Luis Ruiz Rodríguez y Francisco Chacón Sánchez, secretarios de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos del Congreso local, con las notarías 118 y 123, en Copainalá y Berriozábal, respectivamente.
También destacan Jordán de Jesús Alegría Orantes, fiscal de Coordinación de la Fiscalía General del Estado (FGE); el diputado federal Roberto Rubio Montejo, y Francisco Moisés Bedwell Jiménez, contralor general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), con las notarías 129, 192 y 163, las dos primeras en Tuxtla Gutiérrez y la otra en Cintalapa.
Quien es parte de un «asunto especial» es Erick Ocaña Espinosa, magistrado ponencia «C», de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, zona Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues quien aparece como su suplente, Huber Herrera León, carece de licencia, por lo que los trámites o actos de los ciudadanos no tendrían validez porque, de alguna manera, no le informó al Ejecutivo que se retiraría de sus funciones para poner a otro, lo que provoca un vacío legal que queda ahí (es decir, solicitar la licencia correspondiente).
En el mensaje que ofreció el mandatario chiapaneco reconoce que ha habido una competencia desleal, «que no debe de existir, pero también entiendo que los exgobernadores soltaban notarías, ¡se volvió una moda! Darles a sus amigos, o a quienes los habían ayudado de alguna forma, lo que le hacía un gran daño a la sociedad». En su gobierno, apuntó, no habrá un fedatario más, «pero sí habrá menos, ¡eso sí!» y que incluso hablará con los notarios que están en la función pública, para que se decidan.
También hay notarías inactivas
La lista continúa, pero en este caso de notarías que están inactivas. En esta «depuración», también tendrían que decidir Mirna Camacho Pedrero, hoy magistrada presidenta ponencia «B» en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia local; Marco Antonio Besares Escobar, secretario técnico de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach); Juan Gabriel Coutiño Gómez, actual director de Sorteos de la Lotería Nacional de la Secretaría de Gobernación, con las notarías 97, 113 y 150, en las ciudades de Berriozábal, Villaflores y Tuxtla, de forma respectiva.
Además, se cierra con Gerardo Guerra Talayero, hoy delegado administrativo del Tribunal Superior de Justicia, y Guadalupe Rodríguez Miceli, subsecretaría de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo, con las notarías 153 y 186.
Notarías entre actos de corrupción
Para algunos especialistas, esta medida es correcta, aunque sería más efectiva si se procede contra algunos funcionarios que han solapado actos de corrupción. Apenas en julio del año pasado, Alma Zatarain González y Rosario Gómez Flores aseguraron que los fedatarios Rogelio Edgardo Robles Pereyra, Lindbergh Noel Salazar Tello, Miguel Solórzano Grajales y Juan José Fuentes Pariente beneficiaron, de forma tramposa, a Gustavo Adolfo Flores Alfaro, Erick Romero y Viviana Zuarth para que se quedaran con el predio donde se construyó el fraccionamiento residencial Ámbar con 91 viviendas y un edificio, a la altura de la 15ª Poniente Norte de esta ciudad.
Con el número de carpeta de investigación CI-1250-101-0101-2017, Zatarain advirtió que en este ilícito estarían involucrados el ex titular del Tribunal del Poder Judicial en la era sabinista y actual director de la Lotería Nacional, Juan Gabriel Coutiño Gómez, además de otros funcionarios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
De hecho, advirtió que por «cubrir estas anomalías» Coutiño recibió una casa «como premio en Los Sabinos», por lo que, en ese entonces, amagó con iniciar una denuncia penal en contra de los fedatarios anteriores.
Pero este sería el primer paso de esta «depuración», debido a que el siguiente será reformar la ley, como lo sentenció el propio gobernador, pues quienes «están en la mira» por cumplir dos funciones, no precisamente incumplen la ley.
Se debe modificar la Ley
Expertos como el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís, advierten que será tarea del Congreso local tomar este anuncio «muy en serio» para modificar «lo que se tenga que modificar», y pone, sobre la mesa, los artículos 50, fracción VI y VII, el 54, 74, 78 y 79 de la Ley del Notariado.
En ese sentido, refiere que se tienen que hacer las reformas conducentes esa ley, puesto que ya se dio la pauta, y con ello se haga patente el llamado de que los funcionarios públicos se enfoquen en una sola cosa.
Sin embargo, la Ley en la materia favorece a este gremio, pues una persona que pretende desempeñar un cargo o contender a una elección popular, sí puede solicitar una licencia a partir de que se registra como aspirante a una candidatura, y de resultar vencedora en las urnas, tiene derecho a desempeñar el cargo y a ejercer la notaría por medio de un suplente.
Aunque hay otras razones por las que un fedatario se puede ausentar, como por enfermedad o por vacaciones «o por gusto» (hasta por un año), una notaría tiene que estar abierta las 24 horas del día, a excepción de los fines de semana (sábados y domingos); de lo contrario se puede perder la patente.
«Pero la ley está muy laxa en estos aspectos, y son ´yerros´ que se tienen que corregir, porque es una función que el Estado encomienda: prestar una fe notarial en actos que celebran los particulares; así que el Congreso tiene chamba, para que el marco legal está adecuado a la realidad fáctica de nuestro estado», externa Cruz Solís.
—Abogado, ¿qué pasa con el caso de Juan Óscar Trinidad Palacios, puesto que ya «renunció» a su notaría? ¿O con Raciel López Salazar?
—Por virtud de la ley tiene un permiso, y solo cuando deje de ser funcionario público en el Poder Judicial podría gozar de ser notario; lo que no se le permite ahora es que tenga un suplente o auxiliar, ni siquiera a un notario adjunto, lo que se permite solo en los que ejercen la función pública pero mediante un puesto de elección popular (alcaldes o diputados, por ejemplo). A los demás, mientras estén en funciones, la Constitución del estado prohíbe ejercer dos funciones a la vez.
