MISAEL AUTE
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) pidió un cese a las amenazas a defensoras de las garantías individuales en México y condenaron las recientes vejaciones contra las integrantes de Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio), de Oaxaca, organización feminista que es un referente desde hace 17 años.
Recordó que este organismo denunció que la amenaza de muerte forma parte de las
intimidaciones hacia su trabajo en exigencia de justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio de 2018, en Juchitán ; y frente a la solicitud de protección para la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre
de María del Sol.
«Responsabilizamos al gobierno de Alejandro Murat por estos hechos que ponen en riesgo la vida, la seguridad e integridad de las defensoras en la entidad oaxaqueña. Reiteramos al Estado mexicano su obligación para garantizar la protección de la población en general y las defensoras, en particular en los contextos de violencia, donde son las autoridades estatales quienes vulneran derechos humanos», sentenció.
Frayba señala que en México las mujeres que acompañan procesos de justicia y verdad afrontan criminalización, hostigamiento, judicialización, estigmatización y riesgo para su vida, situación que se hace más compleja en
esta emergencia sanitaria, ya que desde el 20 de marzo pasado han asesinado a 12 personas que defendían derechos en México, entre ellas tres mujeres.
Detalla que las victimas han sido: Paulina Gómez Palacio, defensora del Wirikuta, quien fue desaparecida el 19 de marzo, en Zacatecas y encontrado su cuerpo el día 21 de marzo, en San Luis Potosí; la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo en Papantla, Veracruz; y Karla Valentina Camarena, defensora de los derechos trans, asesinada el día 30 de marzo en Guanajuato.
Dio a conocer que aunado a lo anterior, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró las agresiones durante las últimas dos semanas: desaparición de
la defensora tseltal Angelina Santís, el 13 de junio en Ocosingo, Chiapas; clausura de su vivienda e intimidación a la defensora del territorio Claudia Zenteno, el 11 de junio en Xochimilco, Ciudad de México; detención arbitraria de la defensora Kenia Hernández.
Asimismo, el 06 de junio, en el estado de México; detención arbitraria de la abogada
Claudia Hernández Herrera y las defensoras Roxana Hernández y Yésica
Guzmán Pardo, el 05 de junio en San Luis Potosí; difamación a la periodista Anaís Palacio Pérez, durante la primera semana de junio, en Veracruz y, desde el 08 de junio, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas se encuentra en privación arbitraria de su libertad en Tamaulipas.
«El escalamiento de la represión vulnera el derecho a defender derechos humanos y son las mujeres defensoras quienes se encuentran en mayor peligro, en respuesta para detener su valioso aporte en distintas formas de resistencia. La crisis de derechos humanos en el país profundiza las desigualdades de género enfocando como objetivo de las violencias a quienes transgreden el silencio», anotó el organismo.
