Milenio
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció el envío de efectivos adicionales de la Guardia Nacional y de la Estatal a la frontera de Texas con México, para «ayudar» a este estado en «sus esfuerzos por detener la invasión por la frontera sur».
DeSantis, quien el pasado 21 de enero se retiró de las primarias republicanas, enviará unos mil soldados de la Guardia Nacional a Texas, un despliegue que se suma a los más de 90 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), la Comisión para la Conservación de la Fauna y la Pesca (FWC) y el Departamento de Aplicación de la Ley (FDLE).
«Necesitamos detener esta invasión de la frontera sur de una vez por todas», dijo hoy DeSantis en una conferencia de prensa en Jacksonville, en la costa noreste de Florida.
En un comunicado aludió a datos de la gubernamental Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), según los cuales en diciembre pasado más de 302 mil migrantes irregulares fueron detenidos mientras intentaban cruzar la frontera sur con México, «el mes más alto jamás registrado».
Defendió el envío de efectivos de la Guardia Estatal a Texas con el argumento de que «los estados tienen derecho a proteger su soberanía (…) y detener la invasión a través de la frontera».
En ese contexto, aseguró que estos refuerzos ayudarán a Texas a «agregar barreras adicionales, incluido alambre de púas a lo largo de la frontera». «No tenemos un país si no tenemos una frontera», subrayó.
El Partido Demócrata de Florida calificó de «truco político» la operación de DeSantis.
«Después de regresar cojeando a su mansión como el mayor perdedor de Estados Unidos, ahora Ron está desesperado por acaparar los titulares y anotarse victorias», afirmó en un comunicado Nikki Fried, presidenta de los demócratas de Florida.
Fried opinó que lo único que quiere DeSantis es «llamar la atención» en un intento por insertarse en la conversación nacional» mediante «otro truco político con un alto precio para los contribuyentes».
La seguridad fronteriza ocupa un lugar central en numerosos estados de Estados Unidos y en el Congreso, donde los republicanos quieren condicionar la ayuda a Ucrania a un acuerdo de seguridad fronteriza, al tiempo que presionan para la destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.