Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Fiscalía General de la República (FGR) investigará a funcionarios de Jalisco que pudieron incurrir en responsabilidades en el aseguramiento del Rancho Izaguirre ubicado en el municipio de Teuchitlán, en el que fue hallado un crematorio clandestino.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que, de la información que ha enviado la Fiscalía General de Justicia de Jalisco (FGJJ), pudo concluir que existieron diversas omisiones por parte de las autoridades locales en las actuaciones dentro del rancho, mismo que fue asegurado en septiembre de 2024.
“Lo que va a investigar la Fiscalía de la República son varias cosas: primero, los delitos de carácter federal que se hayan cometido ahí. Si en esa investigación, se encuentran responsabilidades de funcionarios de cualquier nivel, no nada más local, inmediatamente tienen que ser incorporados porque forman parte de la investigación, no se pueden obviar”, refirió.
Explicó que hasta ahora la fiscalía de Jalisco no ha terminado de enviar todo el expediente para que la FGR tome el control total de la investigación, pero que una vez que lo haga, indagarán todas las actuaciones realizadas, desde los primeros respondientes.
“Por supuesto que vamos a ir y hacer todo lo que sea necesario para establecer esa responsabilidad del Ministerio Público, de su fiscal supervisor y de toda la cadena de mando, pero no vamos a ir al revés. Primero vamos a ir con el primer respondiente, con el primer responsable y por ese camino, porque si no, no tendría seriedad pública”, señaló.
Gertz Manero leyó el informe técnico realizado por la FGR, a través del cual determinó que hay indicios de delitos federales en el caso del rancho de Teuchitlán, que deben ser investigados por la federación.
“Las diligencias ministeriales del fuero común que se hicieron en este caso, en septiembre y octubre del año pasado, no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos. No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado; sobre todo en lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonados en el sitio”, detalló.
“No se han establecido, con toda precisión, los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales, con los cárteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon”.
Indicó que en uno de esos casos, elementos de la policía de Tala participaron en el encubrimiento de las operaciones que se realizaban en el rancho, razón por la que el jefe de dicha corporación ya fue detenido y hay dos órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar contra igual número de policías.
“Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales, que no fueron integradas a la investigación de este caso”, añadió.
Por ello, anunció que solicitó de manera urgente a la Fiscalía de Jalisco que entregue todo el expediente a la FGR.
“Se le ha requerido a las autoridades del Estado que, con carácter urgente, hagan entrega a la Fiscalía General de la República de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas con este caso; a fin de que esta institución establezca lo procedente”, precisó.
LAS CREDENCIALES HALLADAS
Durante la conferencia, el fiscal General reveló que las credenciales halladas en el rancho se pudo concluir que algunas pertenecen a sicarios que han sido detenidos en otros estados.
“Identificaciones ahí encontradas recientemente corresponden a sicarios de carteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades”, dijo.
“Estamos encontrando gentes en todo el resto del país que están siendo detenidos y que dejaron alguna prenda o algún documento de identificación. Todo eso es lo que nosotros tenemos que trabajar”.
Aunque reconoció que sí hay restos humanos en el lugar, rechazó precisar si hay indicios de que el rancho era utilizado como centro de reclutamiento de la delincuencia organizada o como campo de exterminio.
“No hay elementos suficientes (para determinar que era un campo de exterminio), no dije concretos (…) vamos a ver (si era un centro de reclutamiento)”, respondió.
“El dictamen que nos hace llegar la fiscalía del estado no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de esos restos óseos (…) Sí, hay restos humanos, pero no están todavía definidos técnicamente para lo que se necesita establecer”.
Reprochó que, después del aseguramiento del inmueble, en septiembre de 2024, las autoridades de Jalisco abandonaron en lugar sin ninguna protección a pesar de que era responsabilidad del ministerio público local.
Finalmente, afirmó que el caso no será un nuevo Ayotzinapa y que la FGR recibirá todas las pruebas que cualquier persona física o moral quiera entregar al ministerio público federal en este caso y que realizarán una base de datos genéticos para compararlos con familiares de personas desaparecidas.
