• Quieren que mujer pague multa de mil pesos por irse a vivir a otra comunidad; el papá la defiende y lo meten a la cárcel por defenderla
Yolanda Rodríguez
San Cristóbal de Las Casas.- Antonio Pérez Pérez, originario de la comunidad Bajxulum, municipio de Chenalhó, denunció que fue privado de su libertad por espacio de cuatro horas, la tarde del pasado lunes, después de oponerse al pago de una multa de mil pesos que le imponían a su hija Angélica Pérez Vázquez, por que se fue a vivir a otra comunidad.
Dijo que el agente Antonio Gutiérrez Pérez, líder de iglesia católica de ese lugar, en conjunto con el presidente del patronato Miguel Hernández Vázquez; el diácono presbiteriano de la iglesia Chimtik y la pasada autoridad Alonso Ortiz Vázquez; además de Cristóbal Vázquez Pérez, anciano de la localidad y de María Vázquez Gutiérrez, le pidieron a su hija dejar mil pesos con el argumento “de que ya no vive en la comunidad” y porque recibió un apoyo institucional por trabajos en el rubro de artesanías.
Aseguró que no existe ningún tipo de acuerdo ni precedente que obligue a alguien a pagar por recibir apoyos extras; explicó que su hija vivía con ellos pero se casó y se fue a vivir a la comunidad La Merced, donde actualmente vive desde hace un par de meses.
Detalló que el hecho se dio después de que su hija, y otras miembros de su familia cobraron la cantidad de 4 mil pesos por apoyo de Artesanías de parte del municipio.
Contó que su esposa, Virginia Vázquez Pérez, acudió a pedir auxilio para la intervención del ayuntamiento, y al ser recibida por el Director de Obras, no la atendió y solo le pidió que pagara esa multa.
Hizo un llamado a la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos (CEDH-CNDH), así como las instancias del gobierno de los tres niveles, estén atentos de la situación que atraviesan personas indígenas que son multados, encarcelados por este mismo tema u otro tipo de apoyos, “donde los representantes quieren sacar provecho”.
