• Lo anterior es motivo suficiente para que no se reintegre el cabildo en dicha demarcación, como lo sentenció la Sala Superior del Tribunal Electoral: Abogado
MISAEL AUTE
El quebranto económico por parte de quienes fungieron como autoridades en Chalchihuitán al principio del trienio asciende a 70 millones 973 mil pesos; esto es un impedimento para que se reinstale a los regidores en dicha demarcación, tal como lo dispuso la Sala Superior del Tribunal Electoral.
En entrevista, José Francisco Hernández Gordillo, Consejero Jurídico Municipal de Chalchihuitán, recordó haber acudido por lo menos en cuatro ocasiones a dicha instancia para exponer esta problemática. “Al menos cuatro de los regidores que pretenden se le restituyan sus derechos firmaron la Cuenta Pública que implica varios conceptos financieros infringidos”, recalcó.
Recalcó que de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos en el Estado de Chiapas, a la Ley de Rendición de Cuenta Pública y todo lo que tiene que ver con uso de recursos públicos tanto estatales como federales, los cuatro exregidores incurren en una responsabilidad subsidiaria administrativa.
En este contento, resaltó los resultados de la fiscalización practicada al Ayuntamiento al último trimestre de 2018. “Este trabajo lo hizo la Auditoría Superior del Estado y detallan 25 observaciones en diferentes conceptos como: daño patrimonial, nóminas sin comprobar, adquisición de materiales y suministros sin comprobar, entre otros”.
Señaló que las irregularidades también incluyen la supuesta realización de obras, las cuales nunca se empezaron, entre ellas: presuntos revestimientos de las carreteras a las comunidades de Pom y Chelmut, supuesta creación de dormitorios en el pueblo Lobolaltik, por citar algunos.
Enfatizó que por las causas referidas, el Congreso del estado no puede devolverles el cargo a estas personas, pues están implicadas en actos de corrupción. “Si el Poder Legislativo efectúa este trámite, originará que prevalezca el desorden y quizá hasta actos violentos en la comunidad”.
INCERTIDUMBRE
Por su lado, Gabriel Méndez López, abogado comunitario de la población, mostró su preocupación, pues tras la desaparición del Ayuntamiento y la instalación del Concejo Municipal, quienes conformaban el cabildo se inconformaron ante la autoridad, misma que ya les dio la razón ante lo que se les debe reintegrar en sus puestos.
Sin embargo, dijo que todo esto ha causado mucha incertidumbre en la población, pues se ha trabajado bien con el Concejo que nombró el Congreso y de hecho cuentan con el respaldo de la población. “No estaríamos dispuestos a que regresen los exregidores”, señaló.
