Prensa Latina
Este fenómeno incrementa la impunidad de las acciones de las estructuras criminales, subrayó el miembro del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.
Las armas ilegales aparecen como uno de los principales flagelos que afectan a la sociedad, especialmente, por su vinculación con el narcotráfico, las pandillas y demás, lo que pone en riesgo la paz y buena convivencia, acotó el analista.
La dificultad para medir este delito radica en la complejidad del tráfico ilícito, por lo que Acuña sugirió unificar esfuerzos de control y combate con Estados Unidos, Honduras y El Salvador.
El exviceministro de Gobernación Mario Mérida aseguró al propio medio de prensa que hasta 2018 se contabilizaban 200 mil subregistros de armas.
Consideró que esta cifra podría haberse incrementado entre un 400 y 450 por ciento debido al tráfico ilegal.
El también experto en seguridad señaló que este flujo abre la posibilidad de la llegada de muchos de estos artefactos a manos de delincuentes, en especial, a las maras, lo que agrava la inseguridad de la población, enfatizó.
El director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, refirió, por su parte, acciones operativas permanentes para incautar las armas y la investigación de grupos dedicados a su trasiego.
Hasta julio de este año, fuerzas del orden incautaron mil 926 armamentos, expuso, mientras describió operativos recientes como el de Santo Tomás de Castilla, en el departamento de Izabal, donde capturaron arsenales destinados al crimen organizado y pandillas.
El Ministerio de la Defensa Nacional y su Dirección General de Control de Armas y Municiones informaron la existencia de 631 mil 546 armas registradas y 219 armerías autorizadas en todo este territorio centroamericano.
Los analistas remarcaron, en cambio, que los esfuerzos para controlar el tráfico ilegal de estos aparatos requieren modernizar el funcionamiento del área encargada.
Incluyeron campañas interinstitucionales para legalizar y reducir la presencia ilegal en manos de la población.
Tanto Acuña como Mérida coincidieron en la necesidad de actualizar la Ley de Armas y Municiones y promover incentivos para su retiro de las calles, con el fin de controlar la circulación y evitar que lleguen a los grupos delincuenciales.
Uno de los principales retos del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de su administración es la inseguridad ciudadana en los 22 departamentos.
