Tras la declaratoria de aislamiento ciudadano que promulgaron las autoridades federales ante la pandemia ocasionada por el covid-19, ciudadanos de escasos recursos con actividades económicas ordinarias y de comercio, se manifestaron en contra de estas disposiciones, hechas sin contemplar las condiciones de vida de quienes son parte de los índices de extrema pobreza en México.
En Pueblo Nuevo Solistahuacán, entidad enclavada en la región bosques de Chiapas, afectados por el confinamiento domiciliario ordenado por las autoridades de salud, cómo Jorge Urbina Hernández, denunciaron la inexistencia de programas sociales enfocados a un óptimo combate al hambre que padecen familias enteras, que no cuentan con ningún recurso para garantizar su seguridad alimentaria.
Sobre todo, declaró, para aquellas familias que como la de él, subsisten gracias a las actividades económicas diarias que ejercen en micro comercios locales y a dos meses de haber iniciado el cierre de negocios, centenares de familias de su municipio, mantienen extremas condiciones de carencia al interior de sus hogares.
Subrayó, que pese a que los gastos continúan como de manera habitual, sobre todos los generados por el consumo de servicios como la energía eléctrica, el agua potable, el combustible para la preparación de alimentos, así como un notable incremento en el consumo de víveres de la canasta básica, no existen fuentes de empleo.
En entrevista, Jorge Urbina manifestó su preocupación, ante la delicada situación que se vive no sólo en su municipio, sino en todo el país, por la implementación de políticas públicas qué están enfocadas en el combate de salud pública, sin tomar en cuenta la afectación real que se vive en el bienestar de las familias que viven al día.
Finalmente, lanzó un llamado a las autoridades federales que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a que declare como una verdadera emergencia, la condición alimentaria que viven millones de familias pobres en todo el país, y se implementen estrategias medibles y reales, que otorguen la garantía de bienestar a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, enfermos, campesinos y productores del campo, quienes prevén una crisis alimentaria cevera, ante la cancelación de proyectos y programas enfocados para el desarrollo agrario.
