Después de la detención con fines de extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte, el Gobierno federal y estatal trabajan “hasta donde tope” para ahondar en el cúmulo de vínculos y complicidades entorno a su red de corrupción que tizna tanto al exdirigente del PRI Manlio Fabio Beltrones, al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso como al exsecretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera, testigo protegido
Vanguardia.mx
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, no robó solo. La Auditoría Superior Estatal, como resultado de su fiscalización en el periodo fiscal 2016, denunció ante la Fiscalía estatal a 43 exfuncionarios duartistas, que van desde exsecretarios locales, el exauditor Superior local, miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y empresarios, por un daño al patrimonio de la entidad por al menos 6 mil millones de pesos.
“Además de haber construido una amplia red de corrupción política, también se edificó una red de protección que se operó mediante entregas de dinero en efectivo a diversos actores políticos y sociales de los más diversos partidos e instituciones, a diputados locales, empresarios, líderes de opinión y a algunos medios de comunicación”, acusó el Gobernador Javier Corral Jurado durante un mensaje horas después de la captura del expriista en Estados Unidos por peculado y asociación delictuosa. Esta “nómina secreta”, donde participó el Senador Cruz Pérez Cuellar, también se investiga y se detallará cuando Duarte Jáquez comparezca ante los tribunales.
Al día siguiente, en rueda de prensa, se le preguntó al Gobernador Corral Jurado si la investigación Operación Justicia para Chihuahua involucra directamente al expresidente Enrique Peña Nieto, al exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. El mandatario local respondió que el Ministerio Público no investiga personas, sino hechos que derivan en la detección de presuntos responsables.
Aunque la Fiscalía de Chihuahua no tiene ninguna indagatoria que directamente vincule a Peña Nieto, “decisiones como esas no pensamos que puedan ser solo resueltas por el Secretario de Hacienda en solitario, y es precisamente lo que motivó que el expresidente presentara al final de su administración una especie de amparo disfrazado de controversia inconstitucional que en su etapa inicial [el exministro Eduardo Medina Mora] le concedió efectos de suspensión sobre actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial de Chihuahua. Fue una especie de protección que buscó”, abundó el Gobernador de Chihuahua.
También dijo que el expresidente Enrique Peña Nieto le colocó a César Duarte “un manto de protección e impunidad” hasta su último día de sexenio. Pero con el actual Gobierno federal, detalló, “hubo una voluntad política indiscutible”, se agilizó la extradición y la investigación estatal ahora está coordinada con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para integrar distintas investigaciones y denuncias de hechos incluso por obstrucción de la justicia con relación a los anteriores encargados de la Procuraduría General de la República (PGR), a quien se le entregaron las primeras órdenes de aprehensión desde 2017.
CHIHUAHUA-HACIENDA-PRI
Entre la red del exgobernador César Duarte destaca Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, condenado en mayo del 2019 a tres años de prisión bajo libertad condicionada por el desvío de un millón 740 mil pesos –a través de las empresas Jet-Combustible y Promotora de Señalamiento Integral– para campañas electorales de su partido, de acuerdo con la causa penal 4094/2017 y Juicio Oral 22/2019.
Pero el colaborador del entonces líder priista Manlio Fabio Beltrones también es señalado por su presunta participación en la “Operación Safiro” para el desvío de 250 millones de pesos para financiar la campaña política priista en 2016, recordó el Gobernador Javier Corral. El desvío fue desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua dirigida por Ricardo Yáñez Herrera (preso en 2017 y liberado en 2019) a las empresas fantasmas Samex, Despacho de Profesionistas Futura, Sinnax y SISSAS para talleres y un software no brindados, de acuerdo con la investigación del Gobierno estatal. Su exdirectora Administrativa Karla Jurado Bafidis también ya fue liberada.
