México y EU abren un nuevo capítulo en su confrontación por el caso de Salvador Cienfuegos, pues luego de que la FGR exonerara al general, el Departamento de Justicia acusó a la 4T de violar un tratado y amagó con reiniciar el caso, “si el gobierno de México no lo hace”.
México y Estados Unidos abren un nuevo capítulo en su confrontación por el caso del general Salvador Cienfuegos. Luego de que la Fiscalía General de la República exoneró al secretario de la Defensa Nacional del entonces presidente Enrique Peña Nieto, y de que la Cancillería publicó el informe que recibió del gobierno estadunidense contra el militar mexicano, el Departamento de Justicia acusó a la 4T de violar un tratado y amagó con reiniciar el caso, “si el gobierno de México no lo hace”.
WASHINGTON DC, EU (Proceso).- Cuando repatriaron a México al general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda, fiscales federales del Departamento de Justicia y agentes de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos retuvieron las grabaciones gracias a las cuales acusaron de narcotráfico y lavado de dinero el extitular de la Defensa Nacional, contra quien aún pueden abrir nuevas investigaciones.
Mediante la «Operación Padrino», como bautizó la DEA a la investigación que durante más de una década realizó sobre los presuntos nexos del exjefe del Ejército con el narcotráfico, los agentes estadunidenses interceptaron una presunta conversación “clave” para el caso.
“Contamos con una grabación interceptada que implica directamente al general (mexicano) con el tráfico de drogas”, dijeron a Proceso y a un diario estadunidense de circulación nacional fiscales del Departamento de Justicia a principios del año pasado (Proceso 2294).
La «Operación Padrino» hurgó la supuesta relación de Cienfuegos con la fracción del Cártel de Sinaloa comandada por los hermanos Beltrán Leyva, desde que el general ahora en retiro estaba asignado a la IX Región Militar, en Acapulco, entre 2007 y 2009, en plena guerra contra el narcotráfico del entonces gobierno de Felipe Calderón.
En la conferencia de prensa matutina del viernes 15 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fueron cuestionados respecto a lo que sabían o no antes de la captura de Cienfuegos Zepeda, el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California.
El presidente acusó a la DEA de fabricar delitos contra el general retirado, mientras que Ebrard dijo que con las pruebas entregadas por Estados Unidos no fue posible acusar penalmente al exmilitar, aunque dijo que “aún hay elementos por analizar”.
En sus respuestas evitaron mencionar que el gobierno mexicano sí estuvo enterado de las investigaciones, pues luego de conocer la existencia de la Operación Padrino, a principios de 2020, Proceso buscó a dos altos funcionarios del gobierno de López Obrador y a uno de la Fiscalía General de la República (FGR).
Ninguno de los consultados dijo saber del caso, pero en ese momento se enteraron de lo averiguado hasta ese momento por este semanario, incluida la supuesta existencia de la grabación interceptada por la DEA.
Ante una posible obstrucción de la justicia en Estados Unidos por tratarse de una investigación en curso, Proceso en esos meses no pudo publicar nada del caso.
Fechado el 14 de agosto de 2020, el encausamiento judicial del gobierno de Estados Unidos, que posteriormente anuló, acusaba de cuatro delitos al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
Tres de esas imputaciones a El Padrino –como apodó el Departamento de Justicia a Cienfuegos Zepeda en el expediente–, eran por conspiración de narcotráfico y uno más por conspiración de lavado de dinero.
“Concedo la solicitud del Departamento de Justicia del retiro de cargos”, sentenció el 18 de noviembre de 2020 la juez Carol Bagley Amon, de la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, al anular el encausamiento y cargos contra Cienfuegos Zepeda.
“Aunque son varias las imputaciones en contra de una figura significativa, no tengo razón para dudar de la sinceridad del gobierno –estadunidense– en este asunto. Ni de que las autoridades mexicanas con sinceridad investigarán y procesarán al acusado”, concluyó la juez.
Horas después del fallo de Amon y a pedido de los fiscales federales representados en la audiencia por Seth DuCharme, Cienfuegos arribó a Toluca y fue liberado.
Ocurrida la captura y acusación por narcotráfico al general Cienfuegos Zepeda, inmediatamente el gobierno de López Obrador reaccionó anunciando la revisión de la presencia y actividades de los 54 agentes de la DEA dentro del territorio mexicano.
Sin escatimar repercusiones en la cooperación bilateral en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, el de AMLO amagó con expulsar de México a los agentes de la DEA si no retiraban los cargos y repatriaban a Cienfuegos Zepeda, lo que después ocurrió.
En una entrevista que concedió el canciller mexicano al reportero (Proceso 2295), Ebrard no quiso responder si las modificaciones a la ley mexicana para la operación de agentes extranjeros en México eran en represalia por el caso del general. Las medidas que restringen la operación de los agentes estadunidenses se dieron a conocer el pasado jueves 14.
En la defensa de la decisión de la FGR de exonerar a Cienfuegos Zepeda, López Obrador en la conferencia del viernes 15, expuso que la DEA exhibió su falta de profesionalismo y desconfianza al no compartir con su gobierno el hecho de que investigaba al general.
Este es un adelanto de un reportaje del número 2307 de la edición impresa de Proceso, publicado el 17 de enero de 2021
