El Universal
Estados Unidos confiscó este lunes en la República Dominicana el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en base a las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela, informó en exclusiva CNN.
Según explicaron dos funcionarios estadounidenses a la cadena, Estados Unidos trasladó el avión a Florida este lunes.
«Incautar el avión del jefe de estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses», apuntó uno de los funcionarios a CNN.
El gobierno estadounidense confirmó la versión en un comunicado. «El Departamento de Justicia incautó una aeronave que fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches», declaró en el comunicado el fiscal general Merrick Garland.
El avión -cuyo coste se estima en unos 13 millones de dólares- había estado en la República Dominicana en los últimos meses. Las autoridades estadounidenses no revelaron el motivo, pero se presentó una oportunidad para que los funcionarios estadounidenses incautaran la aeronave.
En la incautación participaron varias agencias federales, entre ellas Homeland Security Investigations, agentes de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia, explicó CNN.
Los funcionarios estadounidenses trabajaron en estrecha colaboración con la República Dominicana, que notificó a Venezuela la incautación, según uno de los funcionarios estadounidenses.
Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023 personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida.
Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado «casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países».
En agosto de 2019, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del gobierno de Venezuela.
Garland agregó que el Departamento continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses «para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos».
Con esta incautación se pretende enviar «un mensaje claro»: que las aeronaves adquiridas «ilegalmente» de los Estados Unidos para «el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer», apuntó el subsecretario de control de exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod.
«No importa cuán lujoso sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada ilegalmente fuera de los Estados Unidos», agregó.
La Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio está investigando el caso, junto con el Grupo de Trabajo El Dorado de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional.
Durante años el gobierno estadounidense ha confiscado docenas de vehículos de lujo, entre otros activos, que se dirigían a Venezuela, pero nunca un vehículo de tanta relevancia y simbolismo.
El pasado mes de abril, Estados Unidos revirtió parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.
Desde las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio, Estados Unidos ha sido muy crítico con el Gobierno de Maduro.
La semana pasada, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que la continua negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia es una «violación inaceptable» de las leyes del país.
Su declaración, difundida tras haberse cumplido un mes de los comicios del 28 de julio en Venezuela, criticó igualmente el intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), «controlado por (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, de silenciar las voces de los votantes ratificando el anuncio infundado del CNE de una victoria de Maduro».
Como respuesta, el gobierno de Venezuela aseguró que «no debe explicaciones» a Estados Unidos sobre la reelección de Nicolás Maduro.
A juicio del país caribeño, el Departamento de Estado de Estados Unidos «insiste en su despreciable posición de meterse en asuntos que no son de su incumbencia», apuntó el canciller venezolano, Yván Gil.
