Regeneración, 6 de mayo del 2019. Estafa maestra, la investigación está siendo reestructurada por la Fiscalía General de la República ya que el quebranto de más de 5 mil millones de pesos no pudo ser obra de 23 personas independientes, sino que se debe investigar “la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado, señalo el titular de la dependencia.
En el marco del informe de los primero 100 días de gestión de la FGR, su titular Alejandro Gertz Manero.
Al respecto de la “Estafa maestra”, la FGR precisa que “se está reestructurando toda la investigación general de este asunto”.
Y explica:
“a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros”.
A decir del titular de la dependencia “debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público”.
Aseveró que todos “los elementos aportados así lo indican”.
Por ello, expuso la necesidad de reestructurar toda la investigación “desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más”.
“Razón por la cual se procederá de inmediato a investigar esta hipótesis criminal, mientras se continúan los procesos ya iniciados”, precisó.
La fiscalía relató el caso puntualmente:
Con base en dictámenes de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, este caso se inició en la entonces Procuraduría General de la República, en octubre de 2015.
Se han acumulando 21 procedimientos independientes unos de otros, relacionados con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y 2 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Estos procedimientos incluyen “dirigentes de diversas universidades públicas del país, dentro de las cuales se han obtenido 5 vinculaciones a proceso. Se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en 2 de esas 5 carpetas de investigación, respecto a 5 ex servidores públicos de ambas Secretarías”.
Bajo ese mismo esquema, en 2017 y 2018, la PGR inicio 2 carpetas de investigación adicionales; una relacionada con ex servidores públicos de SAGARPA y otras instituciones públicas de educación superior, en las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso.
En una de ellas, existe sentencia condenatoria en contra de un Particular, mediante Procedimiento Abreviado.
