Excelsior
CIUDAD DE MÉXICO. En México, la mayor parte de las entidades federativas tiene capacidad para identificar apenas 20% de los cuerpos que reciben sus servicios forenses.
El dictamen para crear la Comisión Nacional de Identificación Humana (CNIH), que la Cámara de Diputados prevé aprobar la próxima semana, parte del reconocimiento de la insuficiencia de recursos e infraestructura en el país para afrontar la crisis en materia forense y por personas desaparecidas.
Las instalaciones para almacenar los cuerpos tienen una sobreocupación de, al menos, 40%”, se expone en el proyecto que este lunes analizarán las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos. Se prevé que el martes pase al pleno para su discusión y eventual aprobación.
Sin embargo, en el dictamen se aclara que, para el inicio de operaciones de la CNIH, de momento no se asignarán recursos adicionales a los presupuestados este año a ese renglón, que son los 747.4 millones de pesos etiquetados para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Este monto es sólo 22% de los tres mil 400 millones que requeriría la CNIH.
En 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda contó con un presupuesto de 400.7 millones de pesos; para 2020 subió a 720.4 millones y se mantuvo igual en 2021. De los casi 750 millones de este año, 603.7 son para subsidios que se transfieren a los estados que realizan búsquedas.
NO TIENEN DINERO PARA IDENTIFICAR
El dictamen que la Cámara de Diputados aprobará la próxima semana para crear la Comisión Nacional de Identificación Humana (CNIH) parte del reconocimiento de la insuficiencia de recursos e infraestructura que México tiene para afrontar la crisis en materia forense y por personas desaparecidas.
La mayoría de las entidades federativas cuenta, apenas, con una capacidad para identificar el 20 por ciento de los cuerpos que reciben, al tiempo que las instalaciones para almacenar los cuerpos tienen una sobreocupación de, al menos, 40 por ciento”, se expone en el proyecto que estes lunes se analizará en las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos de San Lázaro.
Sin embargo, en este dictamen, que avala la iniciativa presidencial enviada a finales de marzo, se aclara que para el inicio de operaciones de la CNIH no se asignarán recursos adicionales a los presupuestados para este año en ese renglón y que ascienden a 747. 4 millones de pesos.
Ese monto etiquetado para 2022 —que se divide en gastos de operación federal y subsidios para las entidades que realizan tareas de búsqueda— representa apenas el 22 por ciento de la cifra que, según cálculos de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, debía canalizarse para el cabal funcionamiento de la futura comisión.
De acuerdo con cifras oficiales, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, contó en 2019 con un presupuesto de 400. 7 millones de pesos; para 2020 ese monto subió a 720. 4 millones de pesos, cantidad que se mantuvo igual para 2021. Entonces, sin embargo, hubo reajustes a la baja que no fueron clarificados, como resultado de las medidas de austeridad que el gobierno impulsó en el contexto de la pandemia. Y para este 2022 se asignaron 747. 4 millones: 603. 7 millones para los subsidios que se transfieren a los estados que realizan búsqueda y 146. 7 para los gastos de operación.
Ante el reconocimiento de la gravedad de los recursos faltantes, en el dictamen que podría ser sometido a la votación del pleno de los diputados el martes siguiente, se precisa que “para el adecuado funcionamiento del CNIH deberá preverse el presupuesto suficiente y progresivo, desde su origen y conforme vaya ofreciendo resultados”.
Al respecto, las comisiones dictaminadoras también precisan en el documento que “están conscientes de que la creación de este Centro de identificación es un paso más en la lucha por el combate a la figura delictiva de la desaparición forzada, un paso más al que habrán de suceder múltiples acciones y, seguramente, reformas legislativas para fortalecer a este órgano e incrementar sus alcances a todo el territorio nacional”.
El diagnóstico que los diputados exponen en el proyecto de dictamen plantea que la crisis forense en México asciende a 52 mil cuerpos sin identificar.
Se precisa que “no existe un censo de los cuerpos sin identificar, no está sistematizada la metodología de toma de muestras genéticas; no hay una base de datos genética centralizada que permita la confronta ordenada; y la información genética que existe rara vez se contrasta y comparte”.
Se indica, además, que “tampoco existe un censo sobre cuerpos no identificados en las fosas comunes y, en ocasiones, no hay trazabilidad de cuerpos que se encuentran ahí, ya sea porque se encuentran mal registrados o porque no se registran”.
Ante esa realidad, los legisladores concluyen que este panorama “corrobora que la información forense está fragmentada e incompleta” y la advertencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de que, “en las actuales condiciones, serían necesarios 120 años para para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día”.
En el documento se plantea que el flagelo de la desaparición de personas no debe entenderse de manera aislada. “Sin embargo, la realidad demuestra que la investigación, el análisis y la identificación se encuentran fragmentados ya que hasta ahora no existe una política pública que aborde las crisis de desaparición y forense de manera integral”, se indica.
Uno de los cambios más relevantes que la reforma en cuestión plantea es incorporar en México el denominado “enfoque masivo”, utilizado en otras
partes del mundo –los Balcanes, Perú, Guatemala, Argentina– para atender y enfrentar crisis de desaparición y forenses similares a la de México.
El dictamen detalla que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) de la Secretaría de Gobernación, del año de 1964 a 2022 hay un registro total oficial de 243 mil 240 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales, hasta el día de hoy aún permanecen desaparecidas y no localizadas 99 mil 080 personas.
Datos del mismo RNPDNL nos arroja que más de 144 mil personas han sido localizadas, de las cuales 9 mil 827 han sido localizadas sin vida”, se precisa.
NO APARECE AÚN CLAUDIA URUCHURTU
Al cumplirse más de un año de la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrido en Asunción Nochixtlán, su familia demandó a la Comisión Nacional de Búsqueda y a su homóloga estatal mejorar los mecanismos de coordinación para localizar a la activista anticorrupción.
Elizabeth Uruchurtu Cruz, hermana de la víctima, afirmó que han enfrentado dilación en el proceso penal por el aplazamiento de las audiencias, incluyendo la intermedia; ésta, explicó, es de suma relevancia porque es donde se ofrecen y admiten los medios de prueba a las partes, para concluir con el dictado del auto de apertura a juicio.
No estamos dispuestas a tolerar la ausencia del debido proceso y mantenemos nuestra exigencia de justicia para Claudia”, expuso.
Exigió al Poder Judicial del Estado respeto a sus derechos como víctimas, así como una administración imparcial de justicia, porque esto garantizará conocer y resolver el caso a partir de las pruebas desahogadas en juicio, en el que tres personas son procesadas por la desaparición de Claudia.
Expuso que, a más de un año de la desaparición de su hermana, la única información es el señalamiento de responsabilidad a la expresidenta municipal, su asesor jurídico y demás personal municipal; sin embargo, a la fecha Claudia no ha podido ser localizada.
-Patricia Briseño
CHIHUAHUA, COAHUILA Y VERACRUZ, EN LUCHA
Aunque en Coahuila la Comisión Estatal de Búsqueda ha dado buenos resultados, falta fortalecer el protocolo Alba, para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.
Enrique Martínez Requenes, es abogado del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, que trabaja de forma directa con los colectivos de desaparecidos en Coahuila.
Puntualizó que en el caso del protocolo Alba, surgió mucho antes que las comisiones de búsqueda a nivel nacional de ahí la importancia de replantearlo en el caso específico, dijo Martínez Requenes.
En Chihuahua, colectivos sociales obligaron a las autoridades a intensificar programas de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.
La asociación Nuestra Hijas de Regreso a Casa, acompañaron a policías de la Comisión Local de Búsqueda (CLB) de la Fiscalía General del Estado, en un operativo con el objetivo de continuar con la búsqueda de cuatro hombres y una mujer que cuentan con reporte de desaparición en la ciudad de Chihuahua.
Se trata de Martín Osorio Tapia, de 21 años, Jesús Israel Gutiérrez Hernández de 27, José Alfredo Lozanía Núñez, alias “El Fredy”, de 43, Martín Jesús Escobar García de 27 y Tifany Lizeth Rodríguez Reza de 27 años, quienes desaparecieron el 2019 y 2020.
Chihuahua es una de las entidades del país con mayor número de personas desaparecidas.
Gabino Gómez, coordinador del área de personas desaparecidas del CEDEHM (Centro Estatal de Derechos Humanos de las Mujeres), dio a conocer que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México, lleva un conteo de 3,462 personas desaparecidas en de Chihuahua.
LOS BUSCAN EN LAS CÁRCELES
En tanto, familiares de personas desaparecidas comenzaron una jornada de búsqueda en centros penitenciarios del estado, como parte de la recomendación del Comité Internacional en Materia de Desapariciones Forzadas que es atendida por el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La recomendación atañe dos casos: el de la desaparición forzada de seis jóvenes, ocurrido en la colonia Formando Hogar, de la ciudad de Veracruz, el 8 y 10 de diciembre de 2013, así como la de Cristian Téllez Padilla, que ocurrió en enero de 2010, en la ciudad de Poza Rica.
En ambos hubo testigos que observaron cuando fueron subidos en patrullas de la policía estatal, las investigaciones no han arrojado resultados, pese a ser un caso que compete a la parte oficial y a sus elementos.
