MISAEL ZEÑAY
Fenómenos como la inseguridad, la violación sistemática de la ley, la impunidad, la corrupción y la falta de certidumbre jurídica, es decir, la no aplicación del Estado de Derecho, son los principales inhibidores del desarrollo del país y por ende de Chiapas, consideró Federico Cuesy, expresidente de Coparmex.
En conferencia de prensa, el otrora líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chiapas, consideró que para remediar esta problemática, México necesita modernizar el marco legal de las instituciones que intervienen en el proceso de prevención, investigación, persecución, enjuiciamiento y readaptación de quienes violentan la ley.
“Son muchas las instituciones por vigorizar y complejas las tareas por realizar para fortalecer el Estado de Derecho. Una de las primordiales, es contar con una Fiscalía General de la República moderna, y que se caracterice por su independencia, autonomía y eficacia”, anotó.
Aseguró que la inoperatividad de la PGR ha hecho posible que en México se contabilicen más de 37 mil desaparecidos desde 2007, y más de 120 mil homicidios desde 2012, incluidos los cometidos contra periodistas y activistas de los derechos humanos.
“La corrupción ha dejado sin castigo a los responsables de casos como los de Javier y César Duarte, Odebrecht y la Estafa Maestra. Asimismo, la marcada incompetencia y el abuso de poder, que se tradujo en una investigación ineficaz, en el caso Ayotzinapa”, subrayó.
Recordó que la Coparmex desde septiembre de 2017 planteó al Congreso de la Unión la necesidad de una transformación de PGR. “Con otras organizaciones impulsamos, con instrumentos legislativos apropiados, la conformación de la Fiscalía General independiente”, dijo y lamentó que los cambios legislativos no llegaron para hacer posible dicha transformación.
Ante todo lo anterior, Cuesy remarcó que en uso de los derechos ciudadanos y en el marco de la ley, se inició el proceso para impulsar la Iniciativa Ciudadana que haga realidad el anhelo de que México cuente con una Fiscalía General de la República moderna.
“La Iniciativa Ciudadana #Reforma 102, para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo contribuir para la construcción de una institución que cuente con autonomía respecto del Poder Ejecutivo, lo que supone mecanismos estructurados de designación, con participación de la sociedad, y de separación, con previa autorización legislativa”, señaló.
Hoy sabemos que el 58% de los mexicanos piensa que las organizaciones de la sociedad civil deben ser parte activa del proceso de designación del Fiscal General, en tanto que solamente un 28% de los mexicanos opina que solo deben concurrir las autoridades referidas en la designación.
