Milenio
Especialistas, representantes del sector privado y de la sociedad civil, así como legisladores y funcionarios llamaron a perfeccionar la iniciativa de Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, estableciendo esquemas de financiamiento para prevenir y mitigar los efectos de catástrofes naturales y garantizando la profesionalización de los servidores públicos en esa materia.
En el marco del parlamento abierto ‘Análisis de la iniciativa que expide la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres’ organizado por la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Protección Civil, Ana María Balderas, expresó la convicción de los legisladores para sacar adelante la nueva ley, “pero bien hecha”.
En su turno, el presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, José Rafael Pérez, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo no mejora la visión de la ley vigente, pues su objeto sigue siendo la protección civil y no la gestión integral del riesgo de desastre.
La coordinadora del Seminario de Riesgos Socioambientales de la UNAM, Naxhelli Ruíz, advirtió que la iniciativa tiene “limitaciones presupuestales” porque está diseñada para la atención de eventos recurrentes, no para catástrofes.
Señaló que los efectos generados por desastres como una inundación puede significar un costo de 20 mil millones de pesos, pero los de catástrofes como el huracán Otis o un sismo de ocho grados en la Ciudad de México puede representar 300 mil millones de pesos.
No obstante, el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Carlos Omar Jiménez, respaldó la iniciativa porque a su juicio constituye un avance en términos de regulación de gestión integral de riesgos y protección civil.
“Es importante que la ley se armonice a nivel nacional, se alinee a la prioridad de comprender mejor el riesgo de desastres y garantizar que promueva en los estados la corresponsabilidad”, dijo.
En contraste, el presidente de la Asociación de Posgraduados en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Escuela Nacional de Protección Civil AC, Roberto Guadalupe Cañas, estimó que el proyecto no establece criterios reales para contratar seguros, montos de cobertura mínima necesaria, ni especificaciones para cada estado, además de proponer la creación de una secretaría de Estado para la gestión de riesgo.
A nombre de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, Marco Antonio Sánchez Guerrero, pidió a su vez definir los conceptos, el glosario, funciones, atribuciones y responsabilidades de lo que hace cada una de las instituciones y, en este caso, los departamentos de bomberos, así como reconocer a estos como un servicio profesional de alta especialización.
