* Ciento seis mil empresas habían iniciado el trámite en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y solo 48 mil 444 lo habían obtenido
No dar el tiempo para la implementación de la reforma en materia de subcontratación traerá como consecuencia el riesgo de perder empleos y afectar a por lo menos tres sectores de la economía, afirnó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que lamentó que desde el Gobierno federal se insista en no dar prórroga a la entrada en vigor de esta legislación.
Consideró que los.sectores que tendrán la mayor afectación son el de la construcción, seguridad y servicios de promoción de productos en pisos de venta.
«Desde las discusiones previas a la aprobación de la reforma, en el mes de abril, solicitamos que el plazo de entrada en vigor fuera al primero de enero de 2022, por estar inmersos en una condición de pandemia y las inconveniencias que esto representaba», recordó el organismo.
Hizo hincapié que posteriormente, publicada la reforma, nuevamente realizó esa petición por considerar insuficiente el plazo para todas las adecuaciones en las que se verían inmersas las empresas. «Lo señalado quedó comprobado con la prórroga que se concedió al 1° de septiembre, aunque nuevamente destacamos era insuficiente y que debía homologarse con el plazo concedido a las empresas del sector público», subrayó.
Aseguró que de acuerdo con cifras oficiales actualizadas, 106 mil empresas habían iniciado el trámite en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y solo 48 mil 444 lo habían obtenido.
La Confederación enfatizó que pese a que este registro continuará para que las empresas puedan concluir el proceso, siguen existiendo dudas en los criterios de interpretación de la autoridad respecto a algunos sectores e industrias, generando confusiones como los sectores citados que podrían enfrentar paros en sus operaciones, pues al no estar registradas las facturas que emitan no serán deducibles.
Señaló que pese a las negativas, reconocen el avance de las empresas que han logrado su registro y adelantó que seguiran insistiendo ante la STPS y el Congreso para que se homologue el plazo de implementación al 01 de enero de 2022 y se evite la pérdida de empleos y afectaciones a la economía.
«Lamentamos que una reforma, lograda tras meses de negociación entre los sindicatos, el gobierno y las organizaciones empresariales, pueda ahora tener efectos negativos debido a que no cuenta con el tiempo adecuado de implementación», sostuvo.
