La Jornada
Ciudad de México. En el actual gobierno “no hay perdón ni olvido ante la corrupción”, ejemplo de ello es que por primera vez en la historia se ha inhabilitado servidores públicos del más alto nivel, como a los ex titulares de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.
Así lo afirmó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien agregó que “todos aquellos que apostaban por un pacto de impunidad se equivocaron”, pues en el último año la dependencia a su cargo ha impuesto más de 2 mil sanciones a servidores públicos.
“Inhabilitamos e impusimos sanciones multimillonarias a los responsables del fraude en Fertinal y Agronitrogenados, y hemos iniciado procedimientos de responsabilidad que involucran a otros miembros del gabinete en la administración pasada, y contribuimos a las investigaciones sobre el caso de (Genaro) García Luna y el narcoestado que se configuró con la avenencia de las autoridades”, afirmó al inaugurar por videoconferencia la XLIV Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCEF).
En su participación, de la que se dio cuenta en un comunicado, precisó que de manera especial se han acompañado los procesos de adquisiciones del sector salud para hacer frente a la pandemia de Covid-19 con entera honestidad y apego a la legalidad, y a través de los órganos internos de control se han revisado más de 2 mil contrataciones para atender esa enfermedad, entre marzo y junio.
Además, agregó, se han separado los intereses públicos de los privados en las compras y adquisiciones de gobierno, y como resultado se han impuesto más de 250 sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, con multas por más de mil 500 millones de pesos.
Llamó a los contralores del país a “trabajar en equipo para acabar con la corrupción”, no detener sus trabajos y demostrar que México está gobernado por gente decente y fiscalizado por contralores honestos, capaces y comprometidos.
En el acto participaron José Ángel Díaz, coordinador nacional de la CPCEF; Adrián Franco Barrios, vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI; David Rogelio Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación, y Roberto Salcedo Aquino, subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción en la Secretaría de la Función Pública, entre otros.
