- Exigen que el alcalde entregue los apoyos del Copladem, como lo prometió
- Llevan cuatro días privados de su libertad; familiares piden al gobierno intervenga
MANUEL MONROY
Seis personas, tres de ellos trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y tres de Diconsa, permanecen en calidad de secuestrados por parte de campesinos de Bochil, quienes los retienen como medida de presión para que el edil de dicha demarcación, Gildardo Zenteno –el que anunció por facebook que iba a renunciar–, les entregue los apoyos correspondientes a Copladem.
En entrevista, Josefa Beltrán García, madre de uno de los empleados, detalló que los inconformes exigen que el municipio les entregue un millón 900 mil pesos como parte de los recursos que maneja el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, “pues sólo así liberarán a César Alonso Martínez, Juan Francisco Ramos, José Luis Guillén, quienes laboran en la Sader, además de otras tres personas que se desempeñan en Diconsa”.
Recordó que desde el día de la retención–lunes 24 de junio- han acudido a diversas instancias de gobierno, pero ninguna hace algo para intermediar en el conflicto. “Hemos ido en repetidas ocasiones a la Presidencia Municipal, pero el alcalde se esconde y nadie más da la cara”, acusó.
La quejosa subrayó que hace responsable de la integridad física de su hijo y los restantes trabajadores al Presidente Municipal Gildardo Zenteno Moreno, pues hay una clara opacidad en su actuar. “Este funcionario había prometido a campesinos inconformes que resolvería la problemática con ellos desde el pasado 21 de junio, pero al no cumplirles, éstos ya tomaron acciones que van en detrimento de la seguridad de varias personas”.
Dio a conocer que, ante la situación, decidieron solicitar ayuda en la capital del estado, donde los atendió Fernando López González, secretario particular del Subsecretario de Gobierno. “Estamos conscientes de la descomposición social que existe, pero solicitamos que la autoridad intervenga para que el problema no vaya a tornarse más crítico ante el descontento de los labriegos”.
Dijo desconocer el paradero de las personas a quienes se privó de su libertad. “Sólo sabemos que fueron llevados a una comunidad, por lo que nuestra preocupación es si no los están maltratando”, comentó y añadió que tanto la Secretaría de Agricultura, así como Diconsa rechazan actuar, pues aseguran es una cuestión de índole municipal.
