Milenio
En los últimos siete años, desde que entró en vigor la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a más de 10 mil empleados federales por no presentar su declaración patrimonial, de los que 243 han sido destituidos de su cargo y más de 4 mil 800 fueron inhabilitados.
Las estadísticas arrojan que entre 2017 y 2024, servidores públicos adscritos a 228 dependencias, han cometido la falta, considerada no grave, de no informar sobre sus bienes y su patrimonio personal.
Las cifras incluyen el último año del sexenio anterior y poco más de cinco años del actual gobierno.
Entre ellas, destacan por ejemplo 69 sanciones a empleados de la Presidencia de la República, área en la que se ha inhabilitado a 55 trabajadores, se ha suspendido a cinco y se ha amonestado a nueve.
También sobresale que en la Secretaría de Gobernación se han aplicado 375 sanciones, de las que 15 ha sido destituciones y 109 inhabilitaciones.
El 18 de julio, la SFP informó en un boletín de prensa, que tan sólo del actual sexenio se sancionó a 7 mil 124 empleados federales por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.
Es decir, que más de tres mil sanciones corresponden al último año y medio del sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información estadística proporcionada por la Secretaría a MILENIO vía transparencia, desde julio de 2017 a mayo de 2024, las instituciones en las que más sanciones se han aplicado por esta causa son el Servicio de Protección Federal (SPF) ─órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que ofrece servicios de custodia, vigilancia y seguridad en edificios públicos─, el ISSSTE y el Instituto Nacional de Migración (INM).
No obstante, las instituciones en donde se han aplicado las sanciones más severas por esta falta, es decir, la destitución del cargo, son el IMSS, Liconsa y la misma Secretaría de la Función Pública, encargada de concentrar la información patrimonial de los servidores públicos.
En esos siete años, en el Servicio de Protección Federal se ha sancionado a 709 empleados por no presentar su declaración patrimonial, pero 257 han sido suspensiones, 204 inhabilitaciones y 198 amonestaciones públicas.
En el ISSSTE, se ha sancionado a 603 trabajadores con 273 inhabilitaciones, 271 suspensiones y sólo tres destituciones.
En el INM se han aplicado 528 sanciones, de las cuales, 278 fueron inhabilitaciones, 246 amonestaciones privadas, tres amonestaciones públicas y una suspensión.
Las inhabilitaciones pueden ir desde tres meses hasta un año, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor el 19 de julio de 2017.
Entre las novedades de esa ley estuvo la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses aplicable para todos los servidores públicos, sin importar el nivel que ocupen.
Aunque la ley entró en vigor en 2017, fue hasta el 2020 cuando el Sistema Nacional Anticorrupción aprobó los nuevos formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales, la cifra de empleados federales que debía presentar este trámite pasó de 350 mil a más de un millón 600 mil.
Más de 200 empleados destituidos
En contraste, a pesar de no ser instituciones con un gran volumen de sancionados, el IMSS, Liconsa y la SFP es en donde se han aplicado las sanciones administrativas más severas, es decir, las destituciones de los empleados, que suman 243 casos por no presentar declaración patrimonial.
Este tipo de sanciones se aplican dependiendo el nivel jerárquico del servidor público que comenta la falta, sus antecedentes, la antigüedad en el servicio y la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones.
Del IMSS, desde julio de 2017 a la fecha, se ha destituido a 41 servidores públicos; en la SFP, a 26, y en Liconsa, a 16.
Otras dependencias en las que ha habido destituciones son Pemex y Pemex Exploración y Producción, que suman 22; Prevención y Readaptación Social y Gobernación, con 15 cada una; el Instituto Nacional de Bellas Artes, con 10, igual que el Registro Agrario Nacional, y Liconsa, con 16.
Después de las destituciones, las inhabilitaciones son el castigo más severo y son la sanción más numerosa.
Las instituciones que encabezan las inhabilitaciones son el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 291; el INM, con 278; la Guardia Nacional, con 276; el ISSSTE, con 273; el SPF, con 254, y el IMSS, con 253.
