Califican como grave que el Ejecutivo y el Legislativo busquen minar al Judicial para pretender someterlo a su voluntad
Empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex), criticaron la negativa de la mayoría de los diputados y senadores a escuchar y dialogar con la sociedad y con los trabajadores del Poder Judicial sobre la extinción de fideicomisos.
Consideraron que es lamentable que el Senado de la República no haya realizado un estudio apegado a derecho y modificado la minuta que recibieron de la Cámara de Diputados para reformar el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en la que se determinó eliminar 13 fondos y fideicomisos.
«Manifestamos nuestra preocupación porque este tipo de decisiones en lugar de velar por el interés público y el respeto a la Constitución, tengan como propósito debilitar a otro Poder, lo que en los hechos es una regresión democrática. Es importante recordar que los legisladores tienen su compromiso con quienes los votaron», señalaron.
Afirmaron que esta decisión podría acarrear implicaciones como la violación a la Constitución y al debido proceso legislativo, «por lo que desde diferentes ámbitos se ha anunciado que terminará impugnada y controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación».
En este sentido, argumentaron que entre otros argumentos se ha destacado que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados no era la competente para dictaminar el tema y adelantaron que darán seguimiento a estos recursos legales.
También estimaron que los cambios a la ley sí afectan directamente a los trabajadores. «El gobierno ha dicho una y otra vez que no tendrá repercusiones negativas, pero en la realidad es un duro golpe a sus derechos laborales, pues varios fideicomisos eliminados tienen aportaciones de los empleados».
Dieron a conocer que hay una tendencia para minar la operatividad del Poder Judicial, pues entre 2019 y 2023 los recursos para seguridad destinados a las Fuerzas Armadas han crecido 180% pero el gasto destinado para el siguiente eslabón (Poder Judicial), se ha reducido 15%.
«Nuestro país tiene 2.2 jueces por cada cien mil habitantes, es decir, la mitad del promedio que hay en el continente americano y ocho veces menos que lo registrado a nivel mundial, según el Índice de Paz México», subrayaron los inversionistas.
