Luego del bloqueo de este lunes en la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, organismos empresariales como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Centro Empresarial de Chiapas (CECH) y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), pidieron a las autoridades competentes actuen de manera más enérgica para evitar este tipo de manifestaciones.
Los dirigentes Rafael Sánchez Zebadúa, Isaías Alfaro Castellanos y Rogelio López Vázquez de los tres organismos inicialmente citados (en ese orden), coincidieron en su llamado a las instancias gubernamentales competentes para que, en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto a los derechos humanos, no permitan estas acciones que dañan el libre tránsito de las personas y afectan la economia del estado.
A la petición también se unieron los presidentes Clever Guillermo Fregoso Castro, de la Confederación Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Chiapas y Guillermo Acero Bustamante, titular de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), quienes recordaron que el sector productivo del estado ha reconocido en su oportunidad cuando el gobierno aplica el Estado de Derecho.
«La transformación planteada por las autoridades no es posible si se mantienen las prácticas nocivas que durante años han obstaculizado el progreso y la actividad comercial y turística.
Por ello, hoy reiteramos la necesidad de que se sigan ejecutando acciones congruentes con la necesidad de que Chiapas pueda empezar a recuperarse del escenario complicado provocado por la pandemia de Covid-19», señalaron.
Calificaron como preocupante que los constantes bloqueos provoquen la reducción de actividades comerciales en todos los sectores y señalaron lo indispensable que es contar en Chiapas con paz social. «Reconocemos la validez de causas sociales y el derecho a manifestarse por parte de algunos sectores, pero declaramos nuestra firme oposición a que causas políticas o intereses personales y de grupo, afecten de esta forma al resto de la sociedad», enfatizaron.
Los dirigentes insistieron en su solicitud y consideraron que las autoridades de lostres ordenes de gobierno deben ma tener una política de tolerancia cero a este tipo de acciones, en el marco de las leyes que rigen en la entidad. «El pueblo no puede ser rehén de intereses de terceros», subrayaron.
