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Elección en el Poder Judicial se financiaría con recursos de fideicomisos

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Once Noticias

La elección de jueces, magistrados y ministros que propone la reforma al Poder Judicial costaría alrededor de 3 mil 500 millones de pesos.

Recursos que procederían de los 14 fideicomisos del Poder Judicial que, a la fecha, suman más de 20 mil millones de pesos.

“Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculta esta responsabilidad, pudiera erogarse entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos la elección, por única ocasión”, comentó Ricardo Monreal, Coordinador de senadores de Morena.

En el tercero de los nueve foros, realizado este martes en el Congreso del Estado de México, Ricardo Monreal, hizo énfasis en lo oneroso que resultan para las finanzas públicas, los sueldos, prestaciones y privilegios de la alta burocracia del Poder Judicial, muchos de los cuales están fuera lo que establece la Constitución.

A este planteamiento se sumó el diputado Ignacio Mier, quien destacó la urgencia de realizar las adecuaciones necesarias para eficientar el presupuesto sin afectar los derechos de las y los trabajadores.

“Hay que hacer una revisión puntual del catálogo de puestos y de las remuneraciones para que se ajuste a lo que establece la Constitución y la ley de remuneraciones de los servidores públicos (…) Por lo que hace al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, nadie gana más que el Presidente de la República (…) y ellos se ampararon, están violando la Constitución, están cometiendo un fraude a la ley y eso seguramente el día de hoy se va a hablar”, aseguró Ignacio Mier.

Entre los fideicomisos que fueron extintos por el Poder Legislativo, pero que la propia Corte actuó para mantenerlos, están partidas millonarias para el mantenimiento de casas de magistrados y jueces, y apoyos médicos, pensiones complementarias.

Justamente estos fideicomisos han sido defendidos por miembros del Poder Judicial, incluso a pesar de que en su momento fueron ofrecidos para apoyar a los damnificados de Guerrero tras el paso del huracán “Otis”.

“Dijo la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, el fideicomiso de 20 mil millones que vaya a Acapulco, estamos de acuerdo, revisemos y luego nada, nada, no dieron ni un centavo partido por la mitad, no puede ser”, expresó Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT.

Adicionalmente, existe una larga lista de ministros en retiro que cobran pensiones superiores a los 200 mil pesos mensuales, casi el doble del salario del Presidente de la República.

“Hemos tenido reformas, como ya lo comentaron, estructurales y que a todos nos da miedo, siempre da miedo el cambio, pero siempre es bienvenido, es necesario para avanzar, si no cambiamos no evolucionamos y creo que es lo que nos hace falta institucionalmente”, dijo Carolina Villagrán, de la Visitaduría del Consejo de la Judicatura.

Alternativas para la austeridad
Legisladores, especialistas, abogados e integrantes del Poder Judicial dialogaron también sobre las alternativas para apegarse a los principios de austeridad.

Los señalamientos fueron claros: la reforma no atentará contra los trabajadores, a pesar de que desde el interior del Poder Judicial hay quienes exigen queden intactos.

En el foro también participo el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha fallado en contra de varias leyes y reformas impulsadas por el presidente López Obrador. Aseguró que la reforma afectaría a los trabajadores y sus familias.

“Cuando hablamos de reformar al Poder Judicial de la Federación no sólo implica la modificación de los derechos laborales de más de 50 mil servidores públicos que lo integran (…) hablamos de 50 mil familias que podrían verse afectadas por esta reforma”, aseguró el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro.

También se escuchó la voz de trabajadores que denuncian la imposibilidad de poner bajo la lupa prácticas de nepotismo o abusos, pues son, precisamente los propios jueces quienes deben darles cauce: jueces actuando como juez y parte.

“En 20 días cesan a un trabajador y eso inhibe que un trabajador pueda levantar la voz en contra de un titular. Eso inhibe que un trabajador pueda pedir justicia al interior de los órganos administrativos en el Consejo de la Judicatura. Puesto que, si promueven una queja, de inmediato el titular lo cesa”, expresó Víctor Flores Nicolás, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF Sección II, Toluca.

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