* En 2019, 62.6% de la población de 18 años y más dijo conocer o haber escuchado sobre dicho derecho
MISAEL AUTE
En 2019 el porcentaje de personas que dijeron haber escuchado o saber acerca de una institución que garantiza el derecho a la información fue mayor en las regiones Centro y Centro-Occidente que en las regiones Norte y Sureste del país, pese a que este derecho fundamental está reconocido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con base en la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) y los Censos Nacionales de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Estatal y Federal, el Inegi detalla que en México, desde 2002 y hasta 2015, se han generado una serie de reformas constitucionales y normativas que han permitido generar un marco legal para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
El informe detalla que si bien el conocimiento del derecho de acceso a la información se encuentra difundido entre la población mexicana, se distinguen algunas diferencias al comparar entre regiones del país. Así, en la zona Centro, seis de cada 10 personas de 18 años y más dijeron haber escuchado o conocer sobre el derecho de acceso a la información, cifra que fue 8.4 puntos porcentuales mayor al nivel de conocimiento observado en la región Norte.
Tras señalar que estas diferencias regionales podrían estar asociadas con las acciones en materia de difusión de la cultura de acceso a la información pública que llevan a cabo los órganos encargados de garantizar el citado derecho a nivel local, advierte que durante 2018 en as regiones Norte y Sureste los órganos de transparencia estatales hicieron mayor difusión de sus acciones que los del Centro y Centro-Occidente
En cuanto a las cifras nacionales, destaca que en nuestro país, en 2019, 62.6% de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas dijo conocer o haber escuchado sobre el derecho de acceso a la información y 54.8% dijo tener conocimiento o haber escuchado acerca de una institución que garantice el ejercicio de este derecho, cifra que fue 4.2 puntos porcentuales mayor al nivel de conocimiento observado en 2015-2016.
Respecto de la información que genera el gobierno, en 2019 los temas más consultados se relacionaban con seguridad pública (39.3%), servicios de salud (33.8%) y para conocer sobre requisitos para trámites, servicios y formatos (32.3%). Destaca que respecto a 2015 y 2016, en 2019 aumentó la confianza de la población en la información que ofrece el gobierno; sin embargo, 50.2% de las personas señalaron que obtener este tipo de información fue una tarea difícil o muy difícil.
Subraya asimismo que entre 2015 y 2018, el número de solicitudes de información creció 84.6% y más de 80% de las personas que alguna vez habían realizado una solicitud de información y obtuvieron respuesta, dijeron estar satisfechas con la información recibida.
Como una oportunidad para acercar la información de gobierno a una mayor cantidad de personas, se encuentra que más de la mitad de la población señaló que le gustaría obtener información gubernamental por medio de la televisión y en medios sociodigitales, como Facebook o Twitter.
La dependencia asegura que gracias al derecho de acceso a la información, la ciudadanía puede ejercer otros derechos, es decir, es un derecho habilitante. Contar con información clara sobre la provisión de servicios públicos permite a la población ejercer el derecho a la educación al conocer ubicación de escuelas y requisitos de inscripción, así como el derecho a la salud y a una vida libre de violencia, entre otros.
Además, permite conocer si las decisiones de las instituciones públicas de cualquier nivel y orden de gobierno se estructuran de acuerdo con los principios que determina la ley.
En 1977, la reforma al artículo 6° constitucional estableció la obligatoriedad que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía; no obstante, fue hasta 2002 con la aprobación de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) que materializó el derecho de petición y consulta de cualquier persona.
