DW
Representantes de cuatro organizaciones humanitarias de El Salvador denunciaron el jueves (18.04.2024) que son «objeto y víctimas de una persecución» por parte de autoridades estatales por su labor de defensa de los derechos humanos.
«No estamos dispuestos a normalizar» la «persecución política», dijo Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES). La activista aseguró que habrían sufrido «hostigamiento» de agentes de la Policía y de elementos del Ejército. «Somos organizaciones defensoras de derechos humanos y obviamente con una discriminación política estamos siendo objeto y víctimas de una persecución», agregó.
Alfredo Mejía, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), afirmó que -en algunas de sus protestas- habrían detectado la presencia de «infiltrados» del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), que «se hacen pasar por periodistas», así como del seguimiento desde vehículos y del intento de detenciones tras las concentraciones. «Es lamentable que solo anden fichándonos, cuando andamos defendiendo inocentes», añadió Mejía y pidió «que se nos respete porque no estamos cometiendo ningún delito».
Por su parte, Oscar Rosales, del Socorro Jurídico Humanitario, manifestó su preocupación por los supuestos intentos de agentes de la Policía de ingresar sin orden judicial en sus instalaciones, en San Salvador. «Tenemos la presión permanente de agentes del Estado que han intentado ingresar en varias ocasiones en la oficina», apuntó Rosales, quien alertó sobre la posible preparación de «actos arbitrarios, como falsos positivos, acumulando delitos para poder ejercer una acción legal y detener a algunos de nosotros».
«Es parte de la estrategia política del Gobierno, del régimen del presidente Nayib Bukele, que intenta callar toda voz que no consienta la violación a los derechos humanos, que esté en contra de la muerte de inocentes y se pronuncie contra las detenciones arbitrarias», subrayó Rosales.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales, desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que ha dejado más de 79.200 detenciones y más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos.
