En 2020 el Ministerio de Salud registró al menos tres casos de niñas de 11 años embarazadas, en un país que tiene una de las legislaciones contra el aborto más restrictivas del mundo.
RT
Más de 500 niñas de 11, 12, 13 y 14 años embarazadas registró en 2020 el Ministerio de Salud de El Salvador, país de menos de siete millones de habitantes. Un drama acentuado por el hecho de que la legislación salvadoreña prohíbe la interrupción del embarazo en todas las circunstancias, por lo que esas niñas embarazadas son obligadas a ser madres, sí o sí.
En la década 2011-2020, son casi 12.000 las niñas salvadoreñas que pasaron consulta por estar embarazadas antes de cumplir los 15 años. Doce mil.
«Y casi todas esas niñas que salen embarazadas, y que son obligadas a parir, son de entornos de pobreza», dice Bertha Deleón, abogada penalista, y una de las voces más sonoras en la sociedad salvadoreña a la hora de denunciar las consecuencias de la prohibición absoluta.
En El Salvador, la interrupción del embarazo era posible hasta febrero de 1999, pero una reforma constitucional fijó en el artículo 1 de la carta magna que se reconoce «como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción».
Son casi 12.000 las niñas salvadoreñas embarazadas entre 2011 y 2020 antes de haber cumplido 15 años de edad. Violaciones, en un porcentaje indeterminado de las ocasiones
Desde hace dos décadas, el aborto es delito, sin importar si el embarazo es consecuencia de una violación, si la madre está en riesgo, o si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero. También cuando la embarazada es una niña de 11 años.
Niñas obligadas a ser madres
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020, el Ministerio de Salud registró tres niñas de 11 años embarazadas, las tres en el interior del país: una en San Pedro Masahuat, departamento de La Paz; otra en Santa Catarina Masahuat, en Sonsonate; y la tercera en Chirilagua, San Miguel.
«Sí, aquí hemos tenido varios casos de niñas embarazadas», dice Héctor Enrique Pérez, director del Complejo Educativo David J. Guzmán, el más concurrido de Chirilagua. En esa escuela se estudia hasta noveno grado, hasta los 15 o 16 años.
Pérez recuerda un caso de una niña de sexto grado embarazada: «La escuela no les niega que vengan, pero cuando se les ve más pronunciado, son ellas las que optan por no venir. Ya después, cuando tienen a su niño, si quieren regresar, las recibimos».
Son –no está de más repetirlo– casi 12.000 las niñas salvadoreñas embarazadas entre 2011 y 2020 antes de haber cumplido 15 años de edad. Violaciones, en un porcentaje indeterminado de las ocasiones. «Los progenitores son generalmente sus tíos, sus padrastros, sus padres, sus profesores…», dice la abogada Deleón.
Los registros oficiales de niñas menores de 15 embarazadas van a la baja. Los 520 casos proyectados para 2020 representan un 70 % menos que los 1.718 de 2011.
Desde 2012 no hay registro de niñas embarazadas con nueve años; y en 2017 el Ministerio de Salud reportó los dos últimos casos de niñas de 10 años.
«No está bien normalizar que niñas de 10 años estén dando a luz; pero tampoco las de 18», señala en sus reflexiones finales el informe ‘El costo económico del embarazo de niñas y adolescentes’, elaborado en 2017 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Un caso con nombre y apellido
La maternidad en niñas y adolescentes salvadoreñas es un fenómeno añejo, complejo, multicausal.
Patricia Pineda tiene hoy 49 años. Quedó embarazada a mediados de los ochenta –en plena guerra civil–, a los 13 años, y con 14 tuvo a su hija. El padre tenía 21; con la legislación actual, un caso inequívoco de violación.
«Lo nuestro no fue forzado», dice Patricia. La infancia de Patricia fue muy dura, con fuertes dosis de violencia intrafamiliar que hicieron que, desde niña, para ella emparejarse deviniera máxima prioridad, el camino más rápido para irse de su casa.
«A los nueve años yo ya sabía qué era andar morada de los ojos», dice. Su hogar lo recuerda como la antesala del infierno. Y a su hermano mayor, como el principal victimario.
«Era dos años mayor –dice Patricia– y nunca abusó de mí sexualmente; ni él ni mi padrastro, pero nos criamos con esa violencia, pues, y a mi hermano yo le caía mal por todo; por metida, me decía él. Entonces, yo siempre en mi mente decía: ‘Si conozco a alguien que me diga véngase, pues me voy, porque no quiero vivir aquí'».
Ese alguien terminó siendo un vecino de la colonia Los Ángeles de Apopa, donde vivían. Tras ocho meses de noviazgo y otros nueve de embarazo, se convirtió en el padre de su hija mayor. Luego, él se desentendió y, cuando la bebé tenía cuatro meses, su familia lo envió indocumentado a Estados Unidos, como hicieron miles de salvadoreños en aquellos años.
En una encuesta, el 83 % de los salvadoreños dijo estar en desacuerdo con el aborto incluso en causales terapéuticas, cuando el parto pone en riesgo la vida de la madre
Hoy, Patricia califica como «error grande» su embarazo a los 13 años, y se escuda en que nunca recibió educación o información sobre las consecuencias de mantener relaciones sexuales, ni de la escuela ni de la familia.
Una sociedad ultraconservadora
La sociedad salvadoreña es muy conservadora en cuanto a la interrupción del embarazo. En una encuesta realizada en enero de 2021 por la Universidad Francisco Gavidia, el 83 % de los encuestados dijo estar en desacuerdo con el aborto incluso en causales terapéuticas, cuando el parto pone en riesgo la vida de la madre.
Sobre esta realidad social, el país elaboró en 2017 la ‘Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y en Adolescentes 2017-2027’, apadrinada también por el UNFPA.
En sintonía con ese rechazo de la mayoría de los salvadoreños al aborto, en las 117 páginas del documento no se menciona ni una sola vez las palabras ‘interrupción del embarazo’.
Para prevenir la maternidad infantil en un país con un andamiaje jurídico –y social– contra la interrupción del embarazo, la estrategia nacional se centra en la educación sexual, combinación de palabras que también levanta ampollas en los sectores más conservadores.
«Existe suficiente evidencia que indica que los programas de educación sexual retrasan el inicio de la actividad sexual entre las y los adolescentes y mejoran el uso de métodos anticonceptivos entre personas sexualmente activas», reza el informe.
La abogada Deleón atribuye a estos esfuerzos –la referida estrategia nacional y la Política de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada en 2012– el descenso registrado en los últimos años en las cifras oficiales de niñas embarazadas. Pero los juzga insuficientes.
«Si en el país la interrupción del embarazo fuera legal bajo ciertas causales, eso incidiría directamente en las tasas de maternidad adolescente, sobre todo por la relación directa que tienen esos embarazos con el tema violación», dice la abogada Deleón, y concluye: «Si el aborto estuviera despenalizado en El Salvador, bajaría significativamente esa tasa».
