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Daniel Noboa, presidente de Ecuador, visitó una cárcel de la región de Cuenca, en el sur del país, donde las autoridades habían hallado un túnel secreto construido por los internos. Mientras regresaba a la capital, Quito, planteó la posibilidad de construir una prisión en el sector de la Antártida administrado por su país.
La propuesta fue publicada en una crónica titulada ‘La arriesgada guerra de Ecuador contra los narcos’ publicada por The New Yorker, y escrita por un periodista que había llegado al país sudamericano a fines de marzo para seguir de cerca las actividades de Noboa, y que lo acompañó en la visita a Cuenca.
Fue en el vuelo de vuelta a la capital ecuatoriana que Noboa habló sobre la construcción de una cárcel en la Antártida. «Tenemos una porción, así que ¿por qué no?», dijo, y agregó que sería «una prisión para solo cien tipos». Entonces, un asistente le contestó: «Señor presidente, no es una mala idea, pero creo que las naciones antárticas están sujetas a un tratado y su presencia allí se limita a investigación científica y cosas similares. Pero voy a investigar».
En caso de que esa posibilidad no pudiese prosperar, Noboa planteó otra idea: trasladar a fiscales y jueces a embajadas en el exterior para protegerlos de las amenazas. La pregunta por responder es si en esas circunstancias legalmente podrían dictar sentencias, algo que el asistente también se comprometió a investigar, publicó el mismo medio.
Fin del estado de excepción
El 13 de junio, la Corte Constitucional de Ecuador declaró la «inconstitucionalidad» del decreto firmado el 22 de mayo último por el presidente Noboa, a través del que se establece un nuevo estado de excepción en siete provincias y un cantón.
«En este caso, al igual que en casos anteriores, la Corte estableció que los hechos mencionados en el decreto no configuran específicamente la causal de conflicto armado interno que, en esta ocasión, fue la única invocada por el presidente de la república», detalló el tribunal en un comunicado.
Aunque explicó que la medida de Noboa «no cumple los requisitos previstos en la Constitución», aclaró que el fallo no implica que desde el tribunal desconozcan «los graves hechos de violencia» y «las complejas circunstancias que el país atraviesa».
El decreto establecía el estado de excepción por 60 días en las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos, Orellana y el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay. «El Gobierno nacional identificó que los grupos narcoterroristas se han atrincherado y han concentrado sus acciones criminales principalmente en estas zonas», se indicó en el texto.
