Gaceta UNAM
Las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios son un núcleo clave para comprender el virus de inmunodefiencia humana (VIH). En el caso de la capital del país, se sabe que en esa comunidad existe, en promedio, 1 % de prevalencia de infecciones, lo que representa el triple de lo que habría en población en general, que es del 0.3 %, consideró Nathalie Gras Allain, subdirectora de Atención a Poblaciones Vulnerables y Programas Específicos del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/ Sida de Ciudad de México.
Al participar en el seminario Uso de sustancias psicoactivas, una visión política institucional y social, organizado por el Centro de Investigación y Estudios en Discapacidad y Salud de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, con el apoyo del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, precisó que en el caso de México no se trata de una epidemia descontrolada, como pasa en otros países.
Destacó que el Estado está obligado a garantizar una atención médica a las personas privadas de la libertad, equivalente a la que se brinda al común de la población, además de cumplir las funciones éticas fundamentales relacionadas con el consentimiento informado en el caso de prueba de detección de VIH y la confidencialidad del diagnóstico.
En la sesión Programa de detección y atención de VIH y otras ITS en centros penitenciarios de la CDMX: una intervención de salud pública, Gras Allain agregó que la Constitución Política de la Ciudad de México tiene un apartado específico que se refiere a personas privadas de la libertad, así como aquéllas en movilidad y en situación de calle. Todas tienen derecho a un trato humano; “son poblaciones que han sido olvidadas y necesitan y demandan ser visibilizadas. En muchos centros penitenciarios son degradadas”.
A pesar de estar presas no pierden sus derechos humanos, sobre todo el derecho a una atención médica equivalente a la que reciben las personas comunes, señaló.
Entre los retos que se tienen en ese sentido están implementar en centros penitenciarios un programa de reducción de daños para usuarios de crack y otras sustancias psicoactivas, otro de tatuajes seguro, mayor distribución de condones, replicar el programa piloto PrEP (profilaxis pre exposición) destinado a prevenir y reducir las posibilidades de contraer la infección por VIH en personas altamente expuestas en dichos centros, así como continuar la atención una vez en libertad y la adherencia al tratamiento, concluyó.
